Capítulo 03

El clima está cambiando, ¿y nosotros?

Por Angélica Cuevas

Entre julio de 2019 y marzo de 2020, una quinta parte de todos los bosques de Australia ardieron hasta las cenizas durante la temporada de incendios forestales más destructiva de la que se tenga memoria. El área incinerada –7,7 millones de hectáreas– es difícil de dimensionar: 45 ciudades del tamaño de Bogotá reducidas a polvo por el fuego. La furia y la duración de los incendios fue una consecuencia de la actual crisis climática, provocada por los humanos.

Foto: Luis Bernardo Cano

Algunos estudiosos intentan exonerar a nuestra especie, cargando las culpas a los caprichos del clima (el chivo expiatorio habitual en tales casos) (…) Pero el registro histórico hace que Homo sapiens aparezca como un asesino ecológico en serie.

Yuval Noah Harari, De animales a dioses

Mil millones de mamíferos, reptiles, insectos y otros animales murieron en Australia; 3000 casas fueron destruidas y 33 personas fallecieron cuando las llamas las alcanzaron. Esa fue la cifra preliminar de víctimas que entregó el gobierno. Sin embargo, en marzo de 2020, epidemiólogos de la Universidad de Tasmania publicaron un artículo en el Medical Journal of Australia donde evidenciaron cómo el aire altamente contaminado por la ceniza produjo 400 muertes adicionales y 4000 hospitalizaciones en las zonas urbanas hacia donde se desplazó el aire sucio. Debido a esta emergencia climática, Sídney experimentó 81 días en los que la carga de polución superó toda la cantidad de aire contaminado que se había respirado en la capital australiana en 10 años.

“Eventos como los incendios forestales australianos son vistos como un presagio de un futuro que se está convirtiendo rápidamente en presente”, sentenció el editorial de la revista Nature Climate Change, publicado en febrero de 2020, al referirse a las múltiples proyecciones sobre los impactos del cambio climático en el planeta y en la vida humana. Esta catástrofe es solo otro ejemplo del desequilibrio que hemos provocado en el planeta. Es, también, un síntoma de que estamos adentrándonos en un escenario que promete empeorar.

Durante el 2019, según el informe anual sobre el Estado del Clima Mundial, publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las altas temperaturas que se registraron en Australia, la India, el Japón y Europa batieron los récords históricos y afectaron negativamente la salud y el bienestar de la población. En Japón, una intensa ola de calor provocó más de 100 muertes y 18 000 hospitalizaciones. En Francia, el mismo fenómeno produjo 1462 fallecimientos y más de 20 000 visitas a urgencias.

Año tras año, el impacto del cambio climático en países tropicales, como Colombia, viene reduciendo la disponibilidad de agua, degradando los ecosistemas marinos, disminuyendo la pesca, afectando la calidad de los suelos para cultivo y generando una drástica expansión de enfermedades como el dengue. Según el informe de la OMM, los mosquitos del género Aedes, transmisores del virus, se han expandido desde zonas húmedas y cálidas hacia zonas más altas, disparando los contagios y aumentando el riesgo de infección. Hoy, aproximadamente la mitad de la población mundial podría estar cerca de contraer el virus.

Todas estas historias han sido publicadas y emitidas en periódicos, canales de televisión y emisoras del mundo. Los periodistas hemos sido cruciales en la divulgación de la mayor amenaza medioambiental a la que nos hemos enfrentado como especie. Sin embargo, la falta de acciones colectivas para contener el problema nos deja ver que la humanidad parece no estar entendiendo la urgencia que se avecina detrás de estos impactos. No actuar es darle la espalda a una emergencia que está poniendo en peligro millones de vidas. 

Cubrir esta crisis climática podría suponer el reto más importante al que se enfrenta cualquier reportero de nuestro tiempo. Da lo mismo que ese periodista viva en Grecia, Canadá, Vietnam, Nueva Zelanda, Nigeria, Filipinas o Colombia. Si entendemos que es nuestra sostenibilidad como especie la que está en riesgo, convertir la crisis climática en un eje que atraviese nuestra agenda informativa es una responsabilidad que no admite espera. 

Este capítulo presenta la magnitud de la emergencia climática que enfrentamos: expone los conceptos básicos del problema, muestra cómo una serie de reporteros internacionales está impulsando una revolución informativa alrededor de su cubrimiento y finaliza entregando una guía práctica para mejorar la producción de información y la generación de conversaciones alrededor del cambio climático en Colombia.

1. Nociones básicas del problema

Por más de treinta años, científicos en todo el mundo han encontrado evidencias de que el clima está cambiando. Aunque la Tierra ha tenido variaciones climáticas desde que se formó como planeta, es un hecho que las actividades humanas han ocasionado un aumento descontrolado de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) hacia la atmósfera.

Cerrejón, en La Guajira, es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Las denuncias sobre el impacto social y ambiental relacionadas con el proyecto han sido cubiertas por distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Foto: Luis Bernardo Cano

Esto ha alterado los ciclos naturales de la Tierra y causado su calentamiento. La Tierra funciona como un gran sistema que resulta de la interconexión de bosques, montañas, lagos, ríos, mares y desiertos que a su vez conforman biomas. Cada vez que ese sistema se altera, la vida humana se altera.

En 1988, las Naciones Unidas crearon el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) para analizar justamente ese tipo de alteraciones. Desde entonces, un grupo de científicos especializados en diferentes estudios del planeta han adelantado, con el apoyo de 195 gobiernos, la serie de investigaciones más exhaustiva que existe sobre el tema. De esa manera, el Panel se ha posicionado como un actor clave para determinar las rutas de acción de cada país frente a la emergencia.

El IPCC define el cambio climático como “cualquier cambio que se da en el clima con el tiempo, debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas”. Lo anterior no implica que la responsabilidad esté dividida. El Panel ha repetido con vehemencia que son las acciones humanas las principales culpables de que la temperatura en la Tierra esté aumentando.

En los últimos 10 años, la extensión del hielo marino en la Antártida y Groenlandia se ha mantenido en niveles relativamente bajos. Con el derretimiento de este hielo, los límites de los continentes se estrechan poco a poco, forzando el desplazamiento de quienes viven en las orillas. El IPCC calculó que el calentamiento provocado por la actividad humana aumentó en 2017 a aproximadamente 1 °C con respecto a los niveles preindustriales.

¿Cómo lo hicieron? Para calcular los cambios que ha tenido el clima en las últimas décadas, los científicos del IPCC decidieron sentar como base la temperatura que la Tierra registró entre 1850 y 1900, cuando aún no habíamos emprendido la carrera por la industrialización. Sobre esa cifra, definieron qué tanto incidimos como especie en la alteración del clima. Luego, a partir de minuciosos estudios, encontraron que, desde la era preindustrial hasta 2017, la temperatura promedio de la Tierra aumentó 1 °C.

La Amazonía, y principalmente el Caquetá, concentró el 85 % de la deforestación de Colombia durante el 2019. Acaparamiento de tierras, conversión de pastizales para ganadería e incendios forestales arrasan mensualmente con miles de hectáreas de bosque en el país. Foto: Luis Barreto

Ese grado centígrado adicional ha transformado drásticamente los hábitats de los animales del planeta; disminuido nuestra disponibilidad de comida, causado emergencias sanitarias y acrecentado la desigualdad social. En Colombia, de acuerdo con el IDEAM, hay suficiente evidencia para probar la relación directa entre el cambio climático y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, el deterioro de la biodiversidad, la reducción de nuestros nevados –que aún proveen de agua a acueductos–, la disminución en la productividad de los suelos agrícolas y diversos impactos en la salud de los colombianos.

Naciones Unidas ha alertado sobre la altísima probabilidad de que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052, y sus voceros se han mostrado sumamente preocupados porque el tiempo para evitar un escenario catastrófico se está agotando. António Guterres, actual secretario general de Naciones Unidas, ha advertido que es urgente que los estados adelanten acciones drásticas para disminuir sus emisiones, aunque esto implique una completa reestructuración económica y social.

Los expertos indican que se requerirán cambios sociales significativos aún más profundos que los que hemos tenido hasta hoy para prevenir ese aumento en la temperatura. Estos cambios deben conducir a la reducción del uso de aviones, el estricto consumo de productos que no deterioren el medioambiente y la minimización del uso de plásticos. Aún más importante, los países que son las principales fuentes de contaminación deben tomarse el asunto en serio y reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 55 % para 2030, un reto que exigirá decisiones y medidas drásticas, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de las cosas.

Peligrosos incumplimientos

El IPCC, junto a numerosos centros de estudios nacionales e internacionales, se ha esforzado por llevar el debate sobre la emergencia climática a un punto en el que se tomen acciones concretas. Los aportes del grupo de expertos han sido invaluables. Sus distintas publicaciones y, sobre todo, las incisivas conclusiones de sus informes han resultado fundamentales para que la opinión pública se informe, comprenda lo que ocurre, cree discursos y se movilice. Sus pronunciamientos, de igual modo, han promovido el accionar de los gobiernos en la formulación de políticas públicas dirigidas a la mitigación, adaptación y educación frente al cambio climático. 

Medellín, junto con Bogotá, son las ciudades con mayores índices de material particulado de Colombia. En la capital de Antioquia anualmente crecen los casos de hospitalizaciones ligadas a enfermedades respiratorias. Foto: Luis Barreto

Los países han utilizado la información de grupos como el IPCC para producir conocimiento local sobre el tema a partir de enfoques multidimensionales y para formular planes que les permitan avanzar en el cumplimiento de diversos compromisos internacionales dirigidos a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero hacia la atmósfera. 

En 1994, Colombia se adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que desde 1992 fue enfática en establecer la relación entre emisiones y cambio climático. Luego, en el año 2000, el país se acogió al Protocolo de Kioto, considerado el primer paso importante en la consolidación de una estrategia mundial para la reducción y estabilización de las emisiones de gases efecto invernadero. Quince años más tarde, durante las negociaciones del Acuerdo de París de 2015, Colombia se comprometió ante la CMNUCC a reducir en un 20 % sus emisiones respecto al nivel proyectado para el 2030.

Al adherirse al Acuerdo, Colombia entró a la lista de los 195 países que se comprometieron a tomar medidas drásticas para estabilizar la temperatura de la Tierra en los próximos 100 años e impedir un aumento cercano a los 2 °C. ¿Cómo lo lograrían? Principalmente reduciendo al mínimo las emisiones de carbono producidas por el funcionamiento de fábricas, plantas eléctricas, camiones y autos; haciendo una transición hacia el uso de energías más limpias; promoviendo planes de mitigación en zonas costeras, urbanas y rurales; distribuyendo de manera más inteligente los usos de la tierra, y frenando la deforestación. 

Aunque inicialmente el Acuerdo de París se vio como un instrumento invaluable, pues recogía preocupaciones que se venían advirtiendo por más de tres décadas, pronto quedó rezagado por los intereses económicos de potencias como Estados Unidos, China, Rusia e India, responsables de producir la mayor cantidad de emisiones contaminantes.

En 2019, Estados Unidos anunció que se retiraría del Acuerdo, ya que, según su presidente, Donald Trump, ese compromiso ponía en riesgo millones de empleos y los estadounidenses no iban a “responsabilizarse de limpiar la contaminación de otras naciones”. Por su parte, China se fijó la meta de producir en los próximos años la mayor cantidad de energía basada en plantas de carbón, una visión que va en contravía del Acuerdo.

Hoy, a mediados de 2020, la mayoría de los países del mundo, incluido Colombia, han fallado de manera sistemática en el cumplimiento de sus objetivos autoimpuestos. Recientemente, el IPCC presentó un informe sobre el estado del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo y reveló, con preocupación, que solo el 20 % de los países han logrado algún tipo de avance. Los más grave es que los países más contaminantes se encuentran en el grupo de los rezagados. Y sin el compromiso de China (responsable del 26,8 % de las emisiones de gases de invernadero), Estados Unidos (13,1 %), India (7 %), Rusia (4,6 %) y Europa (9 %), al resto de las naciones le quedará muy difícil afrontar el desafío universal de estabilizar la temperatura de la Tierra. 

El futuro no es promisorio. Mientras los científicos han determinado que al ritmo que vamos el mundo llegará a un punto de no retorno y que el planeta ya viene marcando sus límites, los empresarios, los líderes políticos y la sociedad no actúan a la velocidad necesaria.

Ante una emergencia climática de esta dimensión el periodismo deberá sentar una postura política más clara ante la manera en que se enfrenta a este tema. Después de todo, estamos hablando de un escenario que está poniendo en riesgo la calidad de vida de la humanidad en todos sus aspectos. El clima cambió, ¿y los periodistas?

Cinco publicaciones para entender el impacto del cambio climático en Colombia y la respuesta y compromisos adquiridos por el Estado

Resumen ejecutivo Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Tercera Comunicación Nacional de cambio climático.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería. 2017.

Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. Herramientas científicas para la toma de decisiones – Enfoque nacional – regional: Tercera Comunicación Nacional de cambio climático. 2015.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería.

“Conocer: El primer paso para adaptarse. Guía básica de conceptos sobre el cambio climático”. Tercera Comunicación Nacional de cambio climático, 2016.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería.

Cambio climático:
Lo que está en juego
WWF Colombia.
2015.

El Acuerdo de París. Así actuará Colombia frente al cambio climático.
WWF Colombia. 2016.


2. Se está gestando una revolución informativa

para responder a la emergencia (y deberías sumarte)

A finales de los años ochenta, John Vidal, reportero cultural del periódico The Guardian, convenció a sus editores de que lo apoyaran para abrir un espacio dedicado al cubrimiento de asuntos ambientales.

Un agricultor inspecciona sus plantas de mijo perla en el noroeste de Ghana. Entre esta familia de cereales nativos de África occidental, el mijo perla es el más tolerante a la sequía y al calor. Foto: © 2010 CIAT / Neil Palmer – CC BY-NC-SA 2.0

La reciente creación del Panel Intergubernamental en Cambio Climático de la ONU se sumaba a un incremento en la representatividad del Partido Verde en Londres y al fortalecimiento del movimiento de activistas ambientales en Europa. Un escenario que motivó al diario inglés a añadir a su agenda un punto de vista ambiental, decisión que luego lo convertiría en referente.

“El medioambiente es el planeta y absolutamente todo lo que está dentro de él”, repetía Vidal, en la sala de redacción, para hacer énfasis en la necesidad de abordar el cubrimiento ambiental como un asunto transversal a las demás agendas. Y la idea caló.

“The Guardian se ha tomado el problema en serio desde hace mucho tiempo, y esa frase sigue vigente y fue la que condujo a hacer que el enfoque ambiental impregnara toda la cobertura del periódico”, explicó en una entrevista Damian Carrington, Ph. D en geología, sucesor de Vidal y editor ambiental de The Guardian durante los últimos diez años. “Las cabezas de la organización respaldan esa mirada y nuestros lectores también”. 

El periódico británico se ha comprometido con el cubrimiento ambiental a tal punto que hoy tiene un equipo de 12 periodistas que desde diferentes lugares del mundo reportan sobre el tema. Su página principal cuenta siempre con información ambiental actualizada y se ha vuelto pionero en la realización de especiales que incluyen sorprendentes visualizaciones de datos, reportajes gráficos, entrevistas y nuevos formatos dedicados exclusivamente a llamar la atención sobre la crisis climática. 

La crisis climática volverá cada vez más escasas las lluvias y el agua potable. Un agricultor, al oeste de Ghana, recoge agua de un río cerca de su casa. Foto: © 2010 CIAT / Neil Palmer – CC BY-NC-SA 2.0

Motivados por esta experiencia, una serie de periodistas ambientales de Estados Unidos y Europa, entre ellos reporteros de los periódicos The Guardian (Reino Unido), The New York Times, The Nation y The Atlantic (EE. UU.), vienen advirtiendo persistentemente que es hora de replantearnos la manera como informamos sobre el cambio climático. El argumento es sencillo: nos urge, como humanidad, frenar el calentamiento de la Tierra; la ciencia indica que para esto se requieren drásticas transformaciones sociales, así que si la sociedad debe transformarse, el periodismo tendrá que gestionar, también, su propia reinvención.

¿Cómo referirse a esta crisis climática?

En 2019, The Guardian fue el primer medio del mundo en anunciar un plan de transformación interna para cubrir la emergencia ambiental. El 17 de mayo, el medio publicó ‘Es una crisis, no un cambio’: los seis cambios en el lenguaje de The Guardian en materia climática, un artículo en el que se anunciaban una serie de ajustes al manual de estilo del diario que tenían como fin promover descripciones más fieles sobre lo que ocurre con el clima.

El medio inglés afirmó que, para sus periodistas, “la crisis climática es el tema más urgente de nuestros tiempos” y sustituyó el término “cambio climático” por “emergencia climática” o “crisis climática”. No se negó rotundamente a usar el término clásico, aunque su editora en jefe, Katharine Viner, explicó que esas dos palabras sonaban “bastante pasivas y suaves” para describir la dimensión del problema.

En el mismo sentido, pero sumándole un tono bastante autocrítico, las revistas estadounidenses The Nation y Columbia Journalism Review (CJR) anunciaron en 2019 el lanzamiento del proyecto Covering Climate Now, una alianza global que busca llevar la crisis climática al centro de la cobertura periodística de más de 200 medios de comunicación, entre periódicos, radios, canales de TV y podcasts del mundo. En abril de 2019, a través de su editorial “Los medios son complacientes mientras el planeta se destruye”, publicado en la página del CJR, la alianza de medios se responsabilizó de no haber logrado que el cambio climático fuese un tema relevante para la sociedad estadounidense y se culpó por haber fallado en la acuciante misión de informar sobre la historia más importante de nuestros tiempos.

El artículo llama la atención sobre la falta de compromiso de los medios para afrontar una crisis climática que se viene advirtiendo desde los años ochenta. También evidencia cómo los reporteros permitieron que discursos negacionistas sobre el cambio climático –promovidos por cierta clase política estrechamente relacionada con las industrias extractivas– encontraran eco en sus canales, generando confusión y desinformación entre millones de estadounidenses. Aún hoy, dice el editorial, es común que las notas sobre cambio climático sean recortadas en los espacios de emisión o relegadas a espacios muertos de la televisión debido a que no generan suficiente rating. “En un momento en que la civilización se está acelerando hacia el desastre, el silencio climático continúa reinando en la mayor parte de los medios de comunicación estadounidenses. Especialmente en la televisión, donde la mayoría de los estadounidenses aún reciben sus noticias. El afán por el dinero va en contra de una cobertura adecuada de la historia más importante de nuestro tiempo”, afirma el editorial.

Según el análisis, en Estados Unidos los reporteros se han esforzado muy poco por insertar en sus agendas políticas y económicas el enfoque del calentamiento global. De hecho, hay estudios que revelan que en los últimos 10 años la cobertura del cambio climático disminuyó en volumen y calidad. En contraste, la industria del entretenimiento continúa siendo dueña casi hegemónica de los espacios informativos: en 2012, un reporte de The Press Watchdog Media Matters encontró que, durante un periodo de un año y medio, la televisión y la prensa de Estados Unidos informaron un 40 % más sobre las hermanas Kardashian que sobre la acidificación de los océanos causada por el aumento de temperaturas. “No puedes resolver un problema si lo ignoras”, concluyen The Nation y el Columbia Journalism Review.

¿Pero por dónde empezar? O, puesto de otra manera, ¿cómo transformar las salas de redacción y los consejos editoriales para darle a la crisis climática el lugar que se merece? El grupo de reporteros definió una serie de ejes que podrían servir como un mapa de ruta para los periodistas interesados. A continuación, presentamos una recopilación de algunas de las sugerencias que podrían ser aplicadas por los medios de América Latina:

Siete consejos de Climate Change Now para hacer del cambio climático un tema más relevante:

  1. Aprende de los medios que lo están haciendo bien: Investiga quién está marcando la diferencia frente al cubrimiento ambiental. Atrévete a experimentar con formatos similares. Explora lo que hace The Guardian.
  2. Préstales atención a los adolescentes. Cientos de miles de jóvenes y niños en el mundo salieron a calles para unirse a las manifestaciones de School Strike 4 Climate de 2019, promovidas por Greta Thunberg. Es necesario generar contenidos para esta audiencia y para eso hay que comprenderla.
  3. Establece un grupo de reporteros que cubran cambio climático desde una perspectiva amplia y diversa. Los miembros de este equipo deben representar la diversidad económica, racial y de género de los países. De esta manera se garantizará que los contenidos repercutirán en todas las audiencias.
  4. Aprende de ciencia: Es necesario comprender los hechos que describen los científicos. Hay que tomarse el tiempo para educarse y sumergirse en las investigaciones y conceptos que se han publicado sobre la emergencia climática.
  5. Hay que ayudar a las regiones a informarse mejor: Para combatir el negacionismo y la desinformación se podría crear una coalición nacional de periodistas, que incluya a reporteros de las zonas más apartadas pero también a científicos, quienes se comprometan a informar en bloque cuando sea necesario visibilizar una problemática.
  6. Cubre las soluciones: Los reporteros tendemos a gravitar hacia las escenas del crimen y la tragedia, y nos resulta difícil encontrarle salida a un problema, pero ahora, con el cambio climático, la solución es una parte crítica de la historia. (Ver capítulo: Narrativa para la acción)
  7. No tengas miedo de señalar con el dedo: Desactivar la crisis climática debe ser un interés de todos, pero algunas entidades y políticos se oponen decididamente a hacer lo que la ciencia dice que es necesario. Ante esto, el periodismo no puede ser neutral. Debemos nombrar a las compañías, ejecutivos e inversionistas que se niegan a tomar medidas.

3. ¿Llegará la revolución periodística a Colombia? (eso depende de nosotros)

De acuerdo con la primera encuesta de percepción sobre cambio climático, publicada por el IDEAM en 2016, el 98 % de los colombianos considera que el fenómeno es real, el 57 % percibe que la temperatura está aumentando y el 75 % reconoce que está poco o nada informado respecto al tema. La encuesta no solo reveló esto.

También nos recordó a los periodistas que tenemos una responsabilidad frente al cubrimiento del tema, pues, para los colombianos, la principal fuente de información sobre la crisis climática no son las escuelas, ni los programas educativos. La gran mayoría de la población se entera del cambio climático principalmente a través de los noticieros (el 91 % a través de la televisión, el 5 % por medio de Internet y el 2 % por la radio).

Estas cifras nos revelan un punto de partida, pero también un desafío. Es una ganancia que los colombianos estemos de acuerdo con que el fenómeno está sucediendo, ya que, así parezca obvio, hay potencias mundiales, como Estados Unidos, donde la negación del cambio climático se ha convertido en un grave problema de desinformación. Pero más allá de esto, hay dos datos que los periodistas deberíamos tener muy en cuenta: el 87,5 % de los colombianos considera que si las consecuencias del cambio climático se intensificaran en los próximos cinco años, su municipio-ciudad no estaría preparado para enfrentarlos, y el 80 % de los encuestados no saben o conocen qué son los gases efecto invernadero (en las zonas rurales, este porcentaje asciende al 87,6 %).

Con un país que consume principalmente información sobre la crisis climática a través de la televisión y que se reconoce poco informada, se requieren reporteros capaces de hablar de manera directa sobre lo complejo del fenómeno y sus relaciones con los conflictos y dinámicas sociales que presenta cada región y territorio. En esa medida, se hace urgente mejorar la producción de noticias sobre el tema y sobre todo las que se emiten a través de la televisión.

Suena como una proeza inimaginable que en Colombia sea posible ubicar al cambio climático como un eje transversal de la agenda informativa, sobre todo porque nuestra parrilla de noticias ha estado históricamente dominada por tramas políticas, elecciones, conflicto armado, narcotráfico y corrupción. Sin embargo, ninguno de estos temas está desligado de la crisis climática y el país está siendo testigo de una conversación socioambiental que poco a poco se va haciendo un lugar.

En 2018, una acción de tutela presentada por 25 niñas, niños y adolescentes logró que a la Amazonía se le entregaran derechos. A raíz de la demanda, que se convirtió en un referente internacional, el Gobierno se vio obligado a presentar un plan para reducir a cero las tasas de deforestación en la selva y cumplir con los compromisos que adquirió durante las negociaciones del Acuerdo de París.

Somos actores activos dentro de la agenda de las Cumbres Internacionales de cambio climático (COP). Venimos escuchando a indígenas, comunidades afro y campesinos que advierten sobre los cambios en la disponibilidad de peces y cultivos de pancoger. Contamos, también, con grupos e institutos de investigación públicos como el IDEAM y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) que, junto al Ministerio de Ambiente, han descrito bastante bien los catastróficos escenarios que se avecinan si no actuamos. Pero eso no es todo: Colombia es sede de importantes organizaciones locales e internacionales sin ánimo de lucro, entre ellas WWF Colombia, The Nature Conservancy, Amazon Conservation Team, Omacha, Gaia Amazonas y Transforma, que abogan por crear conciencia y por nutrir de argumentos científicos y académicos el debate ambiental nacional y actuar frente a la emergencia climática. 

De acuerdo con la primera encuesta de percepción sobre cambio climático, publicada por el IDEAM en 2016, el 98 % de los colombianos considera que el fenómeno es real, el 57 % percibe que la temperatura está aumentando y el 75 % reconoce que está poco o nada informado respecto al tema.

No obstante, somos también el país en el que la clase dirigente continúa proyectando la extracción de carbón y petróleo como la gran base para soportar la economía. “Para Colombia, un país exportador de hidrocarburos, la necesidad de redefinir la trayectoria económica es urgente (…) incluir el fracking en el Plan Nacional de Desarrollo, o planificar la expansión del carbón y del petróleo, es una posición miope e irresponsable respecto del futuro de los colombianos. (…) Es responsabilidad del Estado proteger a sus ciudadanos, y para ello, como mínimo, debe adoptar una meta consistente con la reducción de emisiones a la mitad a 2030”, escribieron en 2019, en el periódico El Tiempo, los expertos Alex Rafalowicz e Isabel Cavelier, directora de la ONG Transforma y negociadora de Colombia durante la firma del Acuerdo de París.

A grandes rasgos, ese es el estado actual de nuestra conversación social frente al cambio climático. Partiendo de esta conversación, un grupo de periodistas colombianos1, que hemos cubierto durante años la emergencia climática, nos reunimos para sugerir una hoja de ruta que se presenta a continuación. Aunque no es un mapa perfecto, creemos que, siguiendo estas sugerencias, los periodistas podemos lograr que las historias relacionadas con la crisis climática se ubiquen entre los principales titulares de los medios, algo necesario para poder frenar el avance de lo que puede terminar siendo una tragedia de proporciones nunca vistas.

Este no es un tema exclusivo de los periodistas ambientales. Para lograr las transformaciones necesarias, el enfoque del cambio climático deberá insertarse en cada una de las libretas de los reporteros del país y del mundo. Esperamos que esta hoja de ruta contribuya de algún modo a eso.


1Agradezco a Helena Calle, Sergio Silva y Pablo Correa, reporteros de El Espectador; a Antonio Paz de Mongabay Latam; a Natalia Borrero, quien fue directora editorial de Semana Sostenible; a Tatiana Pardo, periodista independiente; y a Viviana Londoño, coordinadora de Opinión Pública e Incidencia de WWF Colombia, por la construcción colectiva de las siguientes sugerencias.

En la Alta Guajira las temporadas de sequía se han alargado a tal punto que pueden pasar cuatro meses sin que llueva. Los pobladores utilizan pozos para abastecerse de agua subterránea, que no se somete a ningún tratamiento. Foto: Angélica María Cuevas

15 caminos para hacer del cambio climático el titular más importante:

1. Usa las palabras adecuadas.
¿Cómo te refieres a esta emergencia? The Guardian, The New York Times y otros medios del mundo han impulsado un uso más consciente del lenguaje. Nuestro fuerte como comunicadores se encuentra en la forma como hilamos nuestras historias a través de las palabras. The Guardian decidió sustituir cambio climático por “emergencia climática” o “crisis climática”, al considerarlos términos más precisos. A los políticos escépticos decidió llamarlos “negacionistas” y a la biodiversidad ahora prefiere llamarla “vida silvestre”, porque asegura que genera más conexión con los lectores. ¿Hay alguno de estos cambios que crees que podrías implementar en tu medio de comunicación?

2. El cambio climático enferma (y hay que decirlo).
Cada evento climático que se agrava como resultado de esta crisis trae consecuencias directas en la salud de la gente. En Medellín, 4500 personas mueren cada año por Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), y entre 2011 y 2016, la cifra total de fallecimientos por estas causas superó los 22 900. La contaminación generada por automóviles, buses y camiones acelera los efectos del cambio climático y causa muertes. Los periodistas debemos hacer explícita esta relación.

3. La crisis climática tiene que ver con la pobreza. Relaciónalo.
Informar sobre la crisis climática es informar sobre un tema multidimensional y complejo que requiere reporteros dispuestos a plasmar en sus contenidos realidades que no pueden simplificarse. La deforestación en el Amazonas es un tema que no debe cubrirse publicando meramente las cifras de las tasas que el IDEAM entrega regularmente. Este es un asunto que requiere más que un lente satelital.

Los periodistas deben comprender cuáles son los conflictos socioambientales que tienen lugar en el territorio sobre el que se informan y sumar esta perspectiva a sus piezas noticiosas (ver capítulo: Conflictos socioambientales). Detrás de la cifra de deforestación puede esconderse el conflicto armado, el hambre, el abandono estatal, vacíos jurídicos y criminalidad. Todas esas historias tienen rostros. Por eso es necesario incluir enfoques diferenciales. La historia de la crisis climática contiene la historia de la desigualdad y aquí es clave relacionar la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el cambio climático.

En el Guaviare, extensas áreas de bosques se están convirtiendo en zonas de pastoreo ahora dedicadas principalmente a la ganadería.
Foto: Luis Barreto

4. Crea vínculos entre la Colombia rural y la urbana.
Los colombianos necesitan entender que los ecosistemas del país están entrelazados y son codependientes. Al mismo tiempo, cada región es diferente y se comporta de manera única. Esto supone un reto para los periodistas, pues significa que deben tener una mirada local sobre los ecosistemas que habitan y cubren, pero también deben aplicar una perspectiva amplia que les permita describir las interconexiones.

En parte por esto, necesitamos crear y fortalecer redes de colaboración entre reporteros del campo y la ciudad. Colombia, y su riqueza ecosistémica, es un laboratorio que nos permitirá ver el problema del cambio climático desde muchísimas perspectivas. En el campo hay proyectos de adaptación y soluciones que merecen ser conocidas por el resto del país (ver capítulo: Narrativa para la acción). La conformación de una red de periodistas podría mejorar la calidad de la información que se genera en ambos lugares, incentivando el intercambio de fuentes de información, sirviendo de puente entre los colegas y las historias. El cubrimiento de cambio climático debe ir más allá de las élites periodísticas de Bogotá. Esa descentralización informativa es urgente.

5. Este no es un asunto exclusivo de periodistas ambientales. Debemos transversalizar el cubrimiento.
Se necesitan jefes de redacción y editores dispuestos a promover que reporteros de todas las áreas incluyan el cubrimiento del cambio climático en sus agendas económicas, políticas, judiciales, tecnológicas, culturales, deportivas o de salud. El cubrimiento de la pandemia provocada por el coronavirus nos dejó esta lección: es hora de motivar sinergias entre los reporteros, pues estas alianzas permitirán cubrimientos más completos.

6. Sí, hay que hablarles a los niños y a los jóvenes.
Greta Thunberg nos enseñó que, cuando se trata de abordar una crisis ambiental, la sociedad y, por ende, los periodistas, estamos obligados a escuchar lo que tienen para decir los adolescentes, las generaciones del futuro.

En Colombia existen interesantes iniciativas (no solo juveniles) que se movilizan por este tema; líderes y comunidades que están dispuestos a exponer sus soluciones y estrategias, pero que muchas veces no logran ser tenidos en cuenta por los medios. Producir contenidos dirigidos a los más jóvenes debería ser una prioridad. Somos un país joven y muchos de esos lectores, radioescuchas o televidentes se ven como sujetos activos en este debate ambiental. Además, recordemos que hablarle a esta generación equivale a dirigirse a la futura comunidad que sostendrá nuestros medios.

Tan urgente y transversal
como cubrir una pandemia

La crisis desatada por el COVID-19 nos demostró que el impacto del virus en las distintas esferas de la vida no puede ser contado solo por las secciones de salud de los medios de comunicación. La pandemia hirió la economía global, saturó sus sistemas de salud, encerró a millones de personas en sus casas, evidenció la creciente desigualdad social alrededor de todo el planeta, redujo –temporalmente– la carga de polución que se libera a la atmósfera, canceló eventos deportivos y culturales, detuvo el tráfico aéreo, desaceleró el mundo y también demostró que los gobiernos pueden tomar medidas drásticas cuando se necesita enfrentar una problemática global.

Todas estas historias tuvieron que ser asumidas por reporteros de distintas especialidades y esto no fue necesario debatirlo una y mil veces en los consejos de redacción. La expansión del COVID-19 se presentó como una emergencia global que debía ser descrita de manera transversal, de la misma manera como se podría cubrir la emergencia climática.

“El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal, con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas”, afirmó el secretario de la ONU, António Guterres, en marzo de 2020. “El virus tendrá un impacto económico a corto plazo, pero las pérdidas serán masivas si pensamos en el calentamiento global”, continuó Guterres, refiriéndose a las pérdidas de vidas humanas ligadas a las amenazantes olas de calor, inundaciones y tormentas extremas. “Es importante que toda la atención que debe prestarse para combatir esta enfermedad no nos distraiga de la necesidad de derrotar el cambio climático”.

El periodismo puede crear vínculos entre las historias de los jóvenes rurales y los urbanos. Foto: © 2010 CIAT / Neil Palmer – CC BY-NC-SA 2.0

7. Sigue las pistas de los compromisos internacionales.
Se necesitan periodistas interesados en hacerles seguimiento a los acuerdos internacionales firmados por Colombia sobre el cambio climático y reporteros que verifiquen la coherencia de las decisiones políticas que tomen nuestros gobernantes. Como ya señalamos arriba, en 1994 Colombia se adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el 2000 acogió el Protocolo de Kioto y en 2015 se adhirió al Acuerdo de París. Cada uno de estos compromisos representa planes de acción a los que debemos prestar atención. Todos pueden ser consultados en el sitio web del Ministerio de Ambiente.

8. Interésate por la ciencia, comprende el clima.
Los científicos son nuestros aliados. Es clave acercarse a ellos con honestidad frente a lo que no sabemos y necesitamos que nos expliquen dos, tres o cuatro veces, si es necesario. De igual manera, es muy importante no informar sobre asuntos que no comprendemos.

Se necesitan periodistas a los que les guste estudiar y consultar, entre otras cosas, las fuentes de información científica gratuitas que están disponibles. Necesitamos reporteros recursivos que lean informes de investigaciones, papers y estudios que luego contrasten con los expertos. Herramientas como Google Translate pueden ser útiles para acceder a información que está en otros idiomas. Es importante que los periodistas les pierdan el miedo a los términos especializados y dediquen tiempo a entender los fenómenos.

Siempre es una buena idea averiguar cuál es el centro de investigaciones que tienes más cerca, teniendo en cuenta que no es suficiente comprometerse con una única fuente. Nuestros ecosistemas son complejos y siempre habrá alguien que entienda mejor cada problema que abordas. Debemos estudiar los ecosistemas que cubrimos, para no cometer deslices por desconocer algunos términos. Cuando no entendamos algo, podemos pedirles a los expertos que se imaginen explicándole el tema a un niño de 6 años. Ese ejercicio siempre funciona para volver a los especialistas mejores divulgadores.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Palmira (Valle del Cauca), es una de las instituciones de investigación sobre agricultura y cambio climático más prestigiosas de mundo. Foto: © 2010 CIAT / Neil Palmer – CC BY-NC-SA 2.0

9. Aprovecha el valor de las imágenes.
Cada vez que hablamos de asuntos ambientales tenemos la oportunidad de sumergirnos en distintos paisajes, ecosistemas diversos con los que interactúan humanos, plantas y animales. Una de las maneras más efectivas de llamar la atención frente a las historias de cambio climático es a través de las imágenes que nos acercan a las zonas donde ocurren las noticias y nos muestran los efectos de la crisis, los rostros de los protagonistas y las formas como las comunidades buscan soluciones. Las imágenes nos sirven para evidenciar transformaciones a lo largo del tiempo y nos conectan emocionalmente con las historias de quienes viven en esos contextos

10. Activa alianzas para denunciar a los culpables.
En Colombia es poca la investigación periodística que se enfoca en identificar a los culpables de la contaminación y de la liberación de emisiones que están desestabilizando el clima. Es común que mencionemos las actividades económicas relacionadas con las emisiones, pero difícilmente investigamos los nombres y las dinámicas de los negocios particulares. No solo las petroleras están reduciendo nuestra calidad de vida, también las industrias de plásticos, textiles, alimentos y bebidas que no manejan de manera adecuada sus desechos.

Un buen punto de partida para lograr mejores cubrimientos de este tipo es generar alianzas entre los periodistas ambientales, judiciales y económicos. Esta sinergia podría resultar en investigaciones sobre corrupción o sobre los proyectos de inversión de empresas que estén en contravía con la adaptación al cambio climático. En el caso de los periodistas regionales, que siempre están en mayor riesgo, valdría la pena conformar alianzas informativas con medios nacionales que permitieran crear círculos de protección frente a quienes realizan reportería en campo. Debemos unirnos para denunciar. 

11. Incluye las voces de los conocedores de la naturaleza.
Campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas y autoridades tradicionales a menudo cuentan con conocimientos únicos de los efectos y soluciones aplicables a esta catástrofe ambiental. Junto a las voces de científicos y otras fuentes de información, su conocimiento y testimonios enriquecen los artículos periodísticos. Como lo ha dicho el IPCC, “los sistemas y prácticas relacionados con los conocimientos indígenas, locales y tradicionales, en particular la visión holística que tienen los pueblos frente a la comunidad y el medioambiente, son un recurso fundamental para la adaptación al cambio climático”

12. Habla de las soluciones.
Contamos con suficientes diagnósticos acerca de esta crisis climática. La siguiente pregunta es: ¿qué podemos hacer? Es tiempo de contar historias que nos muestren un camino para ubicar a quienes están actuando para disminuir los impactos de las actividades humanas sobre el planeta. Existen muchas organizaciones civiles, comunidades e instituciones, que en el campo y la ciudad están poniendo en práctica posibles soluciones que podrían ser replicables. Así que es importante que ese mensaje se difunda. El periodismo ambiental es clave para hacerle entender a las audiencias que la acumulación de pequeños actos de conciencia producirá resultados positivos importantes (ver capítulo: Narrativa para la acción).

13. Defiende tu agenda.
Es muy común que las agendas informativas las impongan agentes externos a los periodistas. Recibimos un informe, lo publicamos. Nos envían la más reciente investigación de un grupo de científicos, la cubrimos. Debemos preguntarnos qué tan adecuado es que organizaciones, fundaciones o entidades del Estado decidan constantemente cuál será la noticia. Hay que recuperar nuestra propia agenda. Es cierto que los desastres naturales y el riesgo de algunas especies emblemáticas se han convertido en el principal símbolo del cambio climático, pero hay un enorme abanico de temas y enfoques que no se están cubriendo y que pueden dar pistas clave sobre este desafío. He aquí algunos de ellos:

  • La relación entre el cambio climático y la vida cotidiana de las personas. 
  • Las dinámicas de las industrias y sectores de carbón, gas y petróleo, principales generadores de gases de efecto invernadero.
  • Las soluciones naturales frente al cambio climático como los bosques bien conservados.
  • Las dinámicas de la deforestación y otros cambios del uso del suelo, otro de los principales emisores de gases de efecto invernadero. 
  • Las políticas gubernamentales relacionadas con cambio climático y la generación de emisiones, así como las soluciones propuestas para prevención y adaptación.
  • Los esfuerzos para hacer cumplir las regulaciones y el monitoreo de su cumplimiento. 
  • Los impactos del cambio climático más allá de los desastres naturales.
  • Lo que está pasando en el resto del mundo.

14. Busca referentes periodísticos colombianos que estén haciendo un buen cubrimiento.
Así como lo proponen los periodistas de Climate Change Now, vale la pena revisar qué cubrimientos periodísticos son atractivos y cómo puedo emularlos. En Colombia el trabajo de los periodistas ambientales de El Espectador, El Tiempo y Semana Sostenible se ha convertido en un ejemplo debido a su exploración de enfoques, utilización de infografías, reportajes fotográficos y aplicación de análisis complejos de las problemáticas.

En la sala de redacción de El Espectador hay por lo menos cuatro periodistas dedicados al cubrimiento de asuntos ambientales. En 2015, este grupo de periodistas fundó el blog El Río y, a partir de 2016, se aliaron con el portal informativo brasileño Infoamazonía para desarrollar juntos la versión colombiana. Por su parte, Semana Sostenible y el portal de noticias Mongabay han sido claves para mantener actualizada la agenda de noticias ambientales del país. Y en los últimos años El Tiempo dio un giro evidente en la forma como venía abordando su agenda ambiental. Recientemente, ha realizado especiales sobre cambio climático que han sido merecedores de premios periodísticos. Otros posibles referentes son La Silla Vacía, que tiene La Silla Verde, un espacio exclusivo para el cubrimiento de asuntos ambientales. 

15. Cubrir un asunto de supervivencia humana es sin duda una postura política. Motiva el cambio.
Ninguna transformación se realiza sin que alguien la detone. Las salas de redacción colombianas tienen que comprender que cubrir el cambio climático es un asunto de supervivencia. En la industria periodística los cambios suelen tomar tiempo, pero invitar a que los editores, los directores y los propietarios de los medios de comunicación se concienticen frente a este tema es una tarea que podrían asumir los periodistas que ya han despertado esa conciencia. La publicación de historias de calidad, la recopilación de datos novedosos, la utilización de infografías, la vinculación del cambio climático con asuntos políticos y económicos y la invitación a conversar sobre la crisis climática en espacios de planeación editorial pueden ayudar a preparar el terreno para que el medio interiorice este tema y lo convierta en un valor propio.

Hacer del cubrimiento de la crisis climática un eje importante para los medios nos permitirá, ante todo, alinearnos a favor de la preservación de la vida. Los periodistas ambientales tendrán que asumir la tarea de motivar cambios de mentalidad frente a la crisis climática en sus redacciones. Y ojalá estos cambios tomen menos tiempo de lo previsto, pues ya sabemos que el reloj no corre a nuestro favor.

Indígenas koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta aprenden cómo la comunidad Mirui Muina, del Medio río Caquetá, desarrolla estrategias contra la deforestación. Puerto Berlín, Caquetá. Foto: Angélica María Cuevas

Referencias

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Entrevista

Viviana Londoño, Coordinadora de Opinión Pública e Incidencia de WWF Colombia, explica la importancia de mejorar el cubrimiento de los espacios de negociación internacional y entrega un mapa a los reporteros regionales para que accedan a información de calidad sobre estas conferencias.

Foto: Viviana Londoño / WWF Colombia.

¿Se puede cubrir una cumbre mundial del clima desde el Guaviare?

Viviana Londoño fue una de las piezas claves del equipo de periodistas de El Espectador que, hace diez años, se fijó la meta de llevar historias a la primera página del periódico. Entre 2011 y 2014 escribió sobre los conflictos socioambientales que en ese momento se avivaron en el país e informó sobre los impactos de la minería en ecosistemas y sociedades vulnerables. En 2015, Londoño se unió a WWF Colombia. Actualmente es la Coordinadora de Opinión Pública e Incidencia de esta organización. Desde ese cargo, formula estrategias de comunicación para generar conocimiento y conciencia alrededor del cambio climático en Colombia y cubre eventos globales como las Conferencias de las Partes (COP).

¿Por qué las Conferencias de las Partes (COP) deberían interesarnos a los periodistas colombianos?
Las cumbres climáticas son escenarios en los que se juega el futuro del planeta frente a la emergencia climática y esto debería ser suficiente para que fuera un asunto de interés general. Para entender un poco más sobre estos espacios es necesario devolverse a la Cumbre de Río de 1992, donde se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en el mundo. La Conferencia de las Partes (COP) es la reunión anual que hacen los representantes de los países que han ratificado la Convención. En ellas se abre un espacio para que las naciones se pongan de acuerdo sobre cómo disminuir sus emisiones y aumentar su ambición para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

¿Por qué es importante conocer el Acuerdo de París y lo que ha pasado después de él?
A través del Acuerdo de París, que se firmó durante la COP 21 de 2015, los países se comprometieron a reducir sus emisiones para evitar el aumento de la temperatura del planeta. Sin embargo, estamos lejos de su cumplimiento. Luego vino la COP 25 de 2019, que se realizó en España y parecía ser una buena oportunidad para elevar la ambición climática y reforzar el camino trazado con el Acuerdo de París. Pero su resultado fue desalentador. A pesar de la necesidad de una acción climática urgente, Estados Unidos, China, India, Japón, Brasil y Arabia Saudí se negaron a intensificar sus esfuerzos para reducir sus emisiones y mantener la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

Frente a las COP, a veces queda la sensación de que son muchos días de discusiones pero al final no pasa nada. ¿Cómo podrían los periodistas aprovechar mejor estos encuentros?
Es cierto que en algunas cumbres hay más avances que en otras, pero en cada encuentro hay movimientos significativos. Aunque en la COP25 de 2019 las negociaciones terminaron con varios países eludiendo su responsabilidad y con pocos avances en los compromisos nacionales, no podemos olvidar que hubo avances en las agendas de género y en océanos. Aunque no siempre se obtengan los resultados que se esperan, estos espacios siguen siendo el encuentro más importante en torno a cambio climático en el mundo. Las COP reúnen no solo a los representantes de los países, sino también a cientos de organizaciones que están trabajando intensamente por promover soluciones frente a la crisis climática, hay decenas de eventos alternos para entender los desafíos que se aproximan. Las conferencias están repletas de historias, estudios, lanzamientos, investigaciones y manifiestos. Un espacio así es una gran oportunidad para hacer un cubrimiento mucho más integral y juicioso del tema.

¿Como podría cubrir una cumbre un periodista del Tolima, el Amazonas o Arauca?
No es fácil cubrir una cumbre a distancia y las diferencias horarias son todo un desafío, pero la mayoría de eventos tienen transmisión en vivo en plataformas gratuitas de fácil acceso. Así que los reporteros pueden participar de manera virtual si cuentan con una conexión a Internet. Por otro lado, hay múltiples organizaciones como WWF o las organizaciones indígenas que participan activamente en las cumbres con representantes que están dispuestos a entregar información tanto antes como durante la cumbre. Los reporteros podrían rastrear previamente estas organizaciones y establecer vínculos y alianzas de trabajo. Por último, cada año se realizan talleres gratuitos de formación de periodistas en el cubrimiento de estos eventos, así que es clave tener en el radar a organizaciones que trabajan en el tema como The Climate Reality Project, Low Carbon City, Transforma y WWF.

¿Qué rescata del cubrimiento periodístico colombiano de las cumbres?
Aunque la mayoría de los medios colombianos se han dedicado a cubrir principalmente los anuncios y resultados generales, y han comunicado las COP a través de la información de agencias de prensa, es destacable el esfuerzo que han hecho algunos medios por profundizar en las discusiones y en los impactos que representan. Además, comenzamos a escuchar nuevas voces de líderes y expertos que hacen más digerible el complejo entramado de estos encuentros. También es importante destacar el esfuerzo de varias organizaciones para generar sus propias comunicaciones y utilizar formatos alternativos e interacciones con las audiencias a través de redes sociales.

Por más de dos años elaboró estrategias de comunicación enfocadas en la protección del Amazonas. ¿Cómo se puede mejorar el cubrimiento del cambio climático en los países de la cuenca amazónica?
Los países que comparten la cuenca amazónica, así como todos los que tienen bosques en el mundo, comparten también una de las principales soluciones naturales contra el cambio climático. ¿Por qué no se está contando esta historia en los medios regionales? La Amazonía tiene una de las reservas de carbono más grandes del planeta que, debido a la deforestación, podría liberarse en millones de toneladas de gases de efecto invernadero, haciendo que el cambio climático sea mucho peor. Por otro lado, las áreas protegidas amazónicas son clave en la adaptación de las comunidades y la naturaleza al cambio climático porque ayudan a mitigar los impactos del clima cambiante, aseguran la provisión de servicios ecosistémicos y protegen la biodiversidad. 

Si los periodistas entienden que la Amazonía es fundamental en la lucha contra este desafío global pueden construir una narrativa que permita reforzar un mensaje urgente y necesario: si perdemos la selva amazónica, perderemos la lucha contra el cambio climático. Es urgente informar acerca del papel que desempeña la selva tropical más grande del mundo en la prevención y mitigación del cambio climático, y también comunicar que urge mejorar los mecanismos para su protección.

¿Hace falta entender que el cambio climático también está ligado a la pobreza y a los problemas estructurales de América Latina?
Los impactos del cambio climático van mucho más allá del derretimiento de los polos y del impacto en los osos polares. América Latina es una de las regiones más vulnerables, así que hace falta entender que la temperatura del planeta está subiendo y que si no se logra cambiar este patrón, las consecuencias serán extremas y en muchos casos irreversibles. Y esto incluye, además de la pérdida de hábitats y especies, afectaciones en las condiciones de vida de millones de personas y mayores impactos para las poblaciones más pobres.

Hoy se habla poco en los medios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos como una apuesta global para reducir la pobreza y promover el bienestar en el mundo. Es hora de que los periodistas comiencen a conectar estos objetivos con el cambio climático, pues para alcanzarlos es necesario que los países cumplan con el Acuerdo de París.

Periodistas de The Guardian (Reino Unido), The New York Times y The Nation (EE. UU.) dicen que se necesita transformar radicalmente la forma en que se cubre el cambio climático, pues fallamos a la hora de transmitir el mensaje de urgencia detrás de esta crisis climática. ¿Cómo podría Colombia sumarse a ese cambio de mentalidad?
En este momento los medios del mundo comparten desafíos y amenazas similares, pero las dinámicas en nuestras salas de redacción distan mucho de las del Reino Unido y Estados Unidos. En Colombia el periodismo ambiental sigue siendo un sistema frágil, con pocos periodistas, sin infraestructura ni presupuesto. Bajo estas condiciones, la generación de un movimiento periodístico que ponga el cambio climático en la agenda prioritaria de Colombia parece improbable, en el corto plazo.

Sin embargo, enfrentamos un desafío que está poniendo en riesgo la vida tal como la conocemos y que requiere acciones inmediatas de los medios de comunicación. Y no es suficiente con tener a algunos periodistas comprometidos. Hay que redireccionar los esfuerzos hacia el cubrimiento de nuevos enfoques que permitan reflexiones colectivas frente al tema y que convoquen a todos los sectores: ambientales, políticos y económicos. Se necesitan redacciones robustas y con apoyo, que funcionen como una gran maquinaria que trabaja para poner sobre la mesa la gravedad de esta situación.

Capítulo 02

Los silenciados: el paisaje que configuró la violencia

Por Tatiana Pardo

El 24 de noviembre de 2016, luego de más de cinco décadas de confrontación armada y casi cinco años de negociaciones en Cuba, el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano decidieron escribir un nuevo capítulo en la historia del país. El entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder del grupo guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, se comprometieron a dar por terminado el conflicto y, más importante aún, a “construir una paz estable y duradera” a partir de transformaciones profundas en distintos temas sociales, económicos y ambientales.

Foto: Federico Ríos

“Realmente, no existe algo así como los que ‘no tienen voz’. Existen los deliberadamente silenciados o los convenientemente ignorados”.

Arundhati Roy

La firma del Acuerdo de Paz no solo cambió la política, la cultura y la historia de Colombia; también abrió un nuevo espacio para el periodismo ambiental. Hoy, casi cinco años después de su firma, hemos visto que no hay una receta única para cubrir los desafíos y las oportunidades que llegaron desde ese momento. Cada historia, con sus matices y la complejidad que cobija a este país, requiere ingredientes especiales. Por eso, en este capítulo no pretendo dar lecciones ni recomendaciones inquebrantables, sino más bien entablar un diálogo constructivo sobre un futuro aún incierto.

Ese diálogo, como todo buen diálogo, comienza con preguntas: en un país donde tenemos categorías para los muertos –unos que son ‘asesinados’ o ‘masacrados’ y otros que son ‘dados de baja’ o ‘abatidos’–, ¿cuál es la palabra correcta para referirnos al paisaje que configuró la violencia? ¿Y si los sujetos no humanos pudiesen hablar y contarnos sobre cada vez que fueron testigos de un bombardeo aéreo; la voladura de un oleoducto; la entrada de un batallón en la montaña; la construcción de una trocha en medio del bosque tupido; la aspersión indiscriminada con glifosato a cultivos de pancoger y sitios sagrados; las miles de fosas cavadas; los cuerpos sin vida flotando y siguiendo la corriente del agua; las motosierras tumbando los árboles para luego sembrar coca o meter vacas; los suelos minados; el desplazamiento masivo; el secuestro en áreas protegidas…? ¿Qué nuevas historias podrían aflorar de todo esto? ¿Qué se nos está escapando? ¿Cuáles son las nuevas narrativas que vienen con el posacuerdo?

En las últimas seis décadas, la guerra nos dejó más de 261 000 muertos, 7 000 000 de desplazados, 4000 masacres, 15 000 víctimas de violencia sexual y 68 000 desaparecidos. En ese escenario, ¿hay alguna razón para poner sobre la agenda nacional a los ríos, los páramos, los manglares, las ciénagas o las selvas? ¿Es necesario debatir sobre el papel que tuvo la naturaleza durante el conflicto armado?

En este capítulo encontrarán algunas reflexiones personales relacionadas con estas preguntas y con la importancia del periodismo científico, entendido como transversal a la consolidación de la paz y necesario para que perdure en el tiempo; conceptos claves sobre las distintas relaciones que se tejen entre la naturaleza y los conflictos armados, y, finalmente, recomendaciones de expertos que llevan años investigando y analizando temas como la deforestación, la sustitución de cultivos de uso ilícito, el debate alrededor del territorio como víctima de la guerra, la reforma rural integral, el papel de los líderes ambientales en la cruzada por defender el patrimonio natural y su altísimo grado de vulnerabilidad. Como se verá a lo largo del capítulo, estos ejes y recomendaciones seguramente trazarán el rumbo de nuestra agenda informativa durante los próximos años.

Los distintos roles de la naturaleza

Guerras civiles como las de Liberia, Angola y la República Democrática del Congo han girado en torno a recursos de “alto valor” como la madera, los diamantes, el oro, los minerales y el petróleo. Sin embargo, rara vez los factores ambientales son la única causa del conflicto violento. Más bien, se trata de un coctel con varios ingredientes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) calcula que, en los últimos sesenta años, más del 40 % de los conflictos armados internos están relacionados con los recursos naturales. Estos tienen el doble de posibilidades de volver a producirse en los primeros cinco años después del cese de hostilidades. A pesar de esto, menos de una cuarta parte de las negociaciones de paz han abordado la cuestión de sus mecanismos de gestión.

La investigación y la observación que ha realizado la ONU sobre el terreno indican que los recursos naturales y el medioambiente contribuyen al estallido de conflictos principalmente de tres maneras:

  1. Por el reparto injusto de la riqueza derivada de la extracción de recursos de “alto valor” como minerales, metales, piedras, hidrocarburos y madera, pues la abundancia local de recursos valiosos, combinada con la pobreza aguda o la falta de oportunidades para otras formas de ingresos, crea un incentivo para que los grupos traten de obtener el control de territorios.
  2. Por el uso directo de recursos que son escasos, como la tierra, los bosques, el agua y la vida silvestre. Estos conflictos se producen cuando la demanda local de recursos excede la oferta disponible o cuando una forma de uso de los recursos ejerce presión sobre otros usos. Esas situaciones suelen agravarse por presiones demográficas y desastres naturales (inundaciones y sequías, por ejemplo).
  3. Porque hay países, en ocasiones políticamente frágiles, cuyas economías dependen de la exportación de un conjunto reducido de productos básicos primarios. A esa dependencia se le conoce como “la maldición de los recursos”. Se da cuando un Estado se convierte en rehén de las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales.

Independientemente de que los recursos naturales desempeñen o no un papel causal en el inicio de un conflicto, pueden servir para prolongar y mantener la violencia. En particular, los recursos de “alto valor” pueden utilizarse para generar ingresos destinados a financiar las fuerzas armadas y la adquisición de armas. En Colombia, los cultivos de coca en Putumayo, Caquetá y Guaviare; las minas de oro en el nororiente antioqueño, el sur de Bolívar y Chocó; la zona bananera de Urabá; las minas de carbón en Cesar, y las plantaciones de amapola en las montañas de Cauca y Tolima fueron lugares estratégicos para cumplir con esos fines.

También es importante entender los distintos impactos que la guerra puede tener en el ambiente, pues esto nos permite atar cabos y aterrizarlos a las realidades territoriales de Colombia. Según el PNUMA estos impactos se inscriben en las siguientes categorías:

  1. Directos: son causados por la destrucción física de los ecosistemas y la vida silvestre o la liberación de sustancias contaminantes y peligrosas en el ambiente natural.
  2. Indirectos: son el resultado de aquellas estrategias utilizadas por las poblaciones locales y desplazadas para sobrevivir a la perturbación socioeconómica y la pérdida de servicios básicos causada por el conflicto.
  3. Institucionales: son la consecuencia de una perturbación de las instituciones estatales y los mecanismos de coordinación de políticas públicas. Este problema en las instituciones crea espacios para la mala gestión, la falta de inversiones, la ilegalidad y el colapso de las prácticas ambientales positivas. En estos casos es probable que los recursos financieros no sean inyectados a servicios esenciales (salud, educación, ambiente) y se desvíen hacia objetivos militares.

No obstante, no todo es tan sencillo. Una de las paradojas que estamos viendo en este momento es que, así como la guerra ha tenido un impacto negativo sobre el ambiente, también es evidente que permitió la conservación de vastos territorios que estuvieron vedados durante décadas no solo al Estado, sino también a proyectos industriales, de infraestructura vial, a grandes asentamientos humanos y a la entrada de científicos o de un turismo avasallante.

Así como los actores ilegales financiaban y prolongaban la guerra a partir de actividades como la minería ilegal de oro y el narcotráfico (perjudiciales para los ecosistemas), también defendieron bosques en la medida en que les fueran útiles para establecer corredores de movilidad, retaguardias clandestinas y, en general, una ventaja militar en la guerra de guerrillas. Debido a lo anterior, estos actores han prohibido prácticas como la pesca con dinamita, la caza que no sea para seguridad alimentaria, la contaminación de fuentes hídricas o la disposición inadecuada de basuras. Cuando alguien incurría en una de estas faltas, era penalizado con castigos que oscilaban entre el escarnio público, la limpieza, el trabajo social y la muerte.

Una de las paradojas que estamos viendo en este momento es que, así como la guerra ha tenido un impacto negativo sobre el ambiente, también es evidente que permitió la conservación de vastos territorios que estuvieron vedados durante décadas no solo al Estado, sino también a proyectos industriales, de infraestructura vial, a grandes asentamientos humanos y a la entrada de científicos o de un turismo avasallante.

De cualquier modo, no es conveniente generalizar. No es lo mismo narrar la guerra desde el parque natural Sierra Nevada de Santa Marta, donde la jefa del área protegida fue asesinada a tiros y años después su homólogo tuvo que salir del país por amenazas de muerte, a hacerlo desde el parque Serranía de Chiribiquete, una formación rocosa milenaria, con 75 000 pinturas rupestres, que durante muchos años fue completamente desconocida para la mayoría de mortales y solo saltó a la fama hasta después de que se firmara el Acuerdo. En ese momento se encontraba en un altísimo grado de conservación; hoy está acorralada por la deforestación y la criminalidad.

Anderson (izquierda), quien fue comandante del frente 36 de las FARC; un subalterno y un oso perezoso. Foto: Federico Ríos

También hay casos contradictorios. En abril de 2020, disidencias de las FARC repartieron panfletos firmados en los que se invitaba a los campesinos a talar la selva amazónica y a declarar “objetivo militar” a la cooperación internacional y a los institutos de investigación científica del Estado: “El Gobierno no resuelve el problema de la tierra y el buen vivir de los campesinos. Por lo tanto, nuestra organización abre la posibilidad de que se tumbe la montaña, aclarando que debe tumbar quien no tenga tierra y solamente la cantidad que pueda trabajar. Primero tienen que arreglar los rastrojos y deben dejar un margen de 50 metros a la orilla de las fuentes hídricas. Es prudente cuidar el medioambiente, pero no por eso el campesino debe privarse del buen vivir”, afirma el panfleto.

La dualidad no es nueva. Carlos Carreño, alias ‘Sergio Marín’, economista de la Universidad Nacional, militante de las FARC durante 22 años y hoy vocero de los temas ambientales del partido, dio indicios sobre esta cuando lo entrevisté para el especial periodístico Especies: una nueva expedición de El Tiempo y Canal Trece:

Usted habla de que fueron cuidadores del ambiente, pero este también fue una víctima más de sus acciones: la voladura de oleoductos, la minería ilegal o los cultivos ilícitos…
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las FARC no es una organización que haya nacido para proteger bosques. No es ese el sentido. (…) Nuestra presencia evitaba que esas regiones se devastaran totalmente y que las compañías multinacionales entraran a arrasar con todo lo que encuentran a su paso.
¿Qué participación estarían dispuestos a tener para restaurar ecosistemas degradados en el marco de la guerra?
Repito: la base de nuestro discurso no es tratar de preservar la naturaleza de una devastación que se cierne, sino transformar estructuralmente las condiciones económicas, políticas y sociales del país, que es lo que nosotros vemos como garantía para que la naturaleza pueda sobrevivir. 

Como parte de mi trabajo, he tenido la oportunidad de hablar con algunos exguerrilleros sobre su relación con el ambiente y el conocimiento empírico que han adquirido en el monte. Muchos tienen la geografía nacional calcada en su cabeza y varios podrían nombrar y ubicar los ríos sin titubear un segundo.

Los conocimientos de estas personas son algunas de las nuevas historias que merecen ser contadas. Después de todo, el cubrimiento de los asuntos ambientales no necesariamente debe estar amarrado a una noción de conflictividad. No es requisito que la historia tenga tres “bandos” enfrentados en la arena para que el público se interese por el tema. Los cambios de comportamiento positivos, las buenas iniciativas locales, las innovaciones científicas que ayudan a resolver problemas cotidianos, los escenarios que se vuelven espacios de reconciliación, aunque sean soluciones modestas, forman parte del periodismo ambiental y son necesarias. El Acuerdo de Paz marca un punto de inflexión que nos permite abordar estas discusiones pendientes.

El posacuerdo también ha abierto un abanico de posibles historias con la apertura de estas áreas, antes controladas por las FARC, a grupos de científicos e investigadores de otras disciplinas. En 2017 escribí sobre esta apertura en un reportaje para El Tiempo. En ese entonces los científicos que formaban parte de las expediciones Colombia BIO habían encontrado 89 posibles nuevas especies para la ciencia, 164 especies bajo algún grado de conservación y 100 especies endémicas (que solo habitan aquí). En 2020, son casi 170 nuevas especies halladas en territorios antes ocupados por las FARC. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la historia detrás de ellas? ¿Qué desafíos tuvieron que sortear los investigadores para llegar a ellas? ¿Cómo supieron que eran nuevas? ¿Cómo se llaman? ¿Ya están descritas? ¿Qué características especiales tienen?

Esto me dijo Francisco Gamboa, líder del ETCR ‘Marco Aurelio Buendía’, ubicado en Charras (Guaviare), en su primer taller sobre inventarios de la biodiversidad:

Si yo le contara todas las maravillas que he visto, usted no me creería. Para nosotros es difícil ponerle valor a la naturaleza, ¿sí me entiende? Yo todavía no comprendo cómo es que la gente paga por bañarse en cascadas o ver un sendero; si es que durante 20 años yo viví rodeado de esto… La Amazonía es impresionante, se lo juro. ¿Chiribiquete? Pfff, ni le digo. Ese paisaje, allá arriba de los tepuyes… Sus ojos nunca han visto algo más hermoso. Y yo extraño eso. A veces en medio de tantas reuniones lo único que quiero es irme al monte a pensar. A estar tranquilo. A escuchar la brisa y los animales. A conectarme otra vez.

Los cambios de comportamiento positivos,
las buenas iniciativas locales, las innovaciones científicas que ayudan a resolver problemas cotidianos, los escenarios que se vuelven espacios de reconciliación, aunque sean soluciones modestas, forman parte del periodismo ambiental y son necesarias.

Los recursos naturales y el medioambiente pueden contribuir a la consolidación de la paz mediante el desarrollo económico y la generación de empleo. El turismo científico y de aventura es una de esas oportunidades, pero hay otras como la piscicultura, las granjas agroecológicas, las artesanías, la apicultura, la elaboración de morrales, botas y mermeladas, el café y la cerveza artesanal. Todos los emprendimientos, de distintas cooperativas, forman parte de Economías Sociales del Común (Ecomun).

Estas cinco recomendaciones podrían ayudarte en tu investigación:

Reconoce el lugar que habitas → Antes de visitar el sitio donde ocurre tu historia debes llegar con la tarea hecha: estudia la geografía de tu vereda, municipio, departamento o región. Es importante que identifiques las características propias del lugar en el que vives o en donde harás la reportería. Reconoce dónde están ubicados los ríos más importantes, los páramos, los resguardos indígenas, los territorios colectivos de comunidades negras y los parques nacionales. La naturaleza es un sistema interconectado, por lo que problemas que son aparentemente lejanos pueden impactar en tu territorio más de lo que imaginas. Si no eres consciente de esas particularidades, es muy probable que se te escapen preguntas cruciales.

Transversaliza → Piensa en la comida que llega a tu mesa cada día, en el aire que respiras, en la basura que generas, en el transporte que usas y en la ropa que compras; todos estos temas incluyen variables ambientales. Es crucial que los periodistas y editores entendamos que el periodismo científico no es una burbuja aislada dentro de una sala de redacción. Todo lo contrario: es transversal a asuntos económicos, sociales, políticos y culturales. En la medida en que escudriñes más y más en un problema, lograrás atar cabos y tender puentes con otras fuentes. Intenta siempre incluir preguntas ambientales en tu trabajo.

Complejiza y brinda contexto → No subestimes la inteligencia de tu audiencia. Tú no eres un “traductor” de la ciencia, sino un reportero creativo y audaz que encuentra las palabras indicadas para llamar la atención de un público sobre determinado tema. Aunque tú entiendas las complejidades que se tejen alrededor de tu investigación, porque llevas semanas o meses indagando, es muy probable que tu audiencia no lo sepa. Tómate el tiempo de explicar. No uses palabras rebuscadas para alcanzar esa meta. Bríndale un contexto apropiado (estás hablando de un país megadiverso que intenta consolidar la paz después de 50 años de confrontación armada, y cuya implementación de lo negociado en La Habana es fragmentaria y avanza a pasos lentos) y plantea disyuntivas sobre el futuro. No te quedes con una mirada a corto plazo. Pregúntate sobre los escenarios a futuro.

Identifica las fuentes indicadas → Haz un mapeo de las universidades, centros de investigación, ONG, fundaciones, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y demás actores que pueden ser importantes para tu reportería. Recuerda que un científico, como cualquier otra fuente, no es experto en todo, por lo que debes rastrear muy bien a las voces más idóneas. No te sientas mal por no incluirlas a todas; algunas personas solo te ayudarán a entender mejor el problema y a hacer preguntas más certeras. Busca todas las fuentes que consideres importantes para sacar adelante tu historia. Escucha sus posiciones, entiende sus motivaciones y miedos. No privilegies una sobre la otra sin haber indagado, como un sabueso, lo suficiente. Los excombatientes y el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) también son una fuente. Sus voces son importantes en una democracia. Acude a ellas cuando sea necesario.

Apela a la cotidianidad → No te quedes enfrascado en explicar únicamente las características de un ecosistema y las especies que allí habitan. Más allá de los números (hectáreas deforestadas, bloques petroleros en explotación, cantidad de animales y plantas, etc.), el principal desafío es lograr que la audiencia no normalice los conflictos ambientales, sino que entienda por qué son importantes y le afectan (a esta y futuras generaciones). El periodismo es, entre muchas cosas, pedagógico y ayuda a construir lazos de empatía con lo que nos rodea. Genera reflexión.


El espacio y el lugar de la violencia

¿Qué tan estratégica y necesaria ha sido la geografía nacional para que el conflicto armado perdure durante más de medio siglo? ¿De qué manera las acciones militares –legales e ilegales– despojaron de significado a la naturaleza? ¿Con el tiempo las comunidades la han resignificado? El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su investigación Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia, hizo un ejercicio valioso y necesario por narrar la guerra desde otra orilla. Esta es la razón:

Más que escenarios contemplativos, los paisajes son movimiento, relaciones y conflictos. Si logramos entender lo que tienen para contarnos daremos pasos significativos para comprender los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, dignificar a las víctimas y poner en marcha medidas de reparación, tanto materiales como simbólicas, que tengan en cuenta las condiciones diferenciales de cada población y territorio. (CNMH, 2018, p. 9)

Los investigadores quisieron incluir dos variables: el espacio, el escenario donde ocurren las relaciones entre la sociedad y la naturaleza (pueden ser áreas geográficas que van de lo global a lo local), y el lugar, una porción concreta de espacio que ha sido organizada o dotada de sentido mediante la experiencia.

El paisaje es una relación compuesta por tres niveles en constante diálogo y dinamismo: el de la naturaleza, el de la sociedad y el de la persona que contempla. En el primero nos encontramos con la historia natural del planeta, aquí confluyen elementos vivos y no vivos como las formaciones geológicas, los cuerpos de agua, las plantas, los animales, etc.; en el segundo nivel aparece la vida social, es decir, la historia de los acontecimientos humanos, y finalmente nos encontramos con quien se sitúa frente a este paisaje y lo dota de sentido en virtud de su propia historia e intencionalidad. (Berque, A., 2009)

El principal desafío es lograr que la audiencia no normalice los conflictos ambientales, sino que entienda por qué son importantes y le afectan (a esta y futuras generaciones). El periodismo es, entre muchas cosas, pedagógico y ayuda a construir lazos de empatía con lo que nos rodea.

A partir de esos insumos, el equipo del CNMH, liderado por María Luisa Moreno y Javier Rodrigo Díaz, consolidó una base de datos de 741 lugares del territorio nacional donde las dinámicas de la guerra irrumpieron de manera sistemática y dejaron su huella tanto en la memoria de la población, como en el espacio mismo. En términos periodísticos es un desafío enorme (y fascinante, creo) hacer memoria desde el paisaje. Prestar atención a detalles que estábamos pasando por alto. Afinar el olfato. Darles la vuelta a las preguntas y sumar nuevos actores a la agenda.

Tanto el tamarindo como el pipirigallo, dos especies de árboles, por ejemplo, fueron escogidos por el grupo paramilitar Bloque Héroes de los Montes de María para cometer dos de las masacres más recordadas en la historia colombiana: la de El Salado (entre el 16 y el 21 de febrero del 2000) y la de Las Brisas (el 11 de marzo del mismo año). Alrededor de esos árboles torturaron y masacraron a campesinos, e incluso empalaron a una de las víctimas.

Un poco más abajo en el mapa, los frailejones del páramo de Sumapaz se utilizaron como trincheras que, en medio de la niebla, servían a los combatientes para protegerse del enemigo. Sus hojas los cobijaron y evitaron que murieran de hipotermia. Algunas mujeres, incluso, las usaron como toallas higiénicas. Más al sur, en el caserío de Puerto Torres, en Caquetá, el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) conformó lo que se conoció como una escuela de la muerte, un lugar para impartir instrucciones sobre formas de tortura, de asesinato y de desaparición de los cuerpos. Esa escuela, de acuerdo con el CNMH, se ubicó en torno al colegio, la iglesia y la casa cural. El lugar tiene un árbol de mango que presenta “huellas de quemaduras, impactos de proyectil y cortes causados por arma blanca” de la época.

Humedales, ríos, quebradas, arroyos, mares, ciénagas, pantanos y manglares no se libraron de la tragedia. La práctica macabra de desaparecer cuerpos arrojándolos a los ríos de Colombia –por razones que van desde generar terror con el cuerpo flotando (o algunas de sus partes) hasta ocultar el delito y esconder la verdad– cambió la forma en que la gente se relaciona con los ecosistemas. El CNMH reporta más de 1080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos, aquellas arterias donde se teje la cultura y de las que depende la seguridad alimentaria de miles de personas. Los cinco ríos con más víctimas documentadas son: Magdalena, Cauca, Catatumbo, La Miel y Nare.

En el especial periodístico Ríos de vida y muerte se señala que eliminar las huellas de su crueldad no fue siempre su única intención. También “infligieron castigo a: líderes sociales (6 ríos), combatientes “indisciplinados” de sus filas o recién desmovilizados (4 ríos) y otras personas que señalaban como ladronas, drogadictas, trabajadoras sexuales y homosexuales, por considerarlas “indeseables”, o sujetos que simplemente se negaron a pagarles una ‘vacuna’ o a seguir colaborando con ellos (11 ríos)”.

En este escenario, los actores armados transformaron la cartografía de la vida cotidiana de las comunidades de varias maneras:

Escogen casas y se adueñan de ellas, estudian la geografía y ubican las trincheras en los puntos más altos, establecen retenes en los ríos, las carreteras y las trochas, crean fronteras minadas, proponen espacios para las fosas comunes, seleccionan árboles simbólicos para convertirlos en lugares del horror, marcan el paisaje con emblemas y consignas de sus grupos armados, se toman escuelas para utilizarlas como escudo. Luego, cuando se van, los lugares quedan desolados, muchos se transforman en ruinas, otros son resignificados de manera inmediata por las comunidades, algunos desaparecen del paisaje y otros se olvidan y dejan de ser visitados. (CNMH, p. 35)

El periodismo científico es una herramienta valiosa para la búsqueda de la verdad y para entender mejor las cicatrices de la naturaleza. La organización colombiana Equitas, por ejemplo, pone en práctica técnicas no convencionales de búsqueda para encontrar a los desaparecidos bajo la tierra y en los ríos. Su equipo está conformado por biólogos, geólogos, geógrafos, ingenieros, antropólogos y demás expertos en ciencias forenses que usan desde mapas satelitales (para hacer un viaje en el tiempo y entender cómo ha cambiado determinado lugar), hasta mapas en 3D para determinar si hay perturbaciones que indiquen la posible presencia de fosas.

Todas estas posibles historias relacionadas con el paisaje son apenas la punta del iceberg, sin lugar a dudas, y abren nuevas posibilidades en la agenda de los medios de comunicación. La pregunta es si estas posibilidades efectivamente transformarán esas agendas. Aún no hay una respuesta clara. Tendremos que reinventarnos y trabajar mano a mano con la academia. Y tendremos que estar atentos a cómo el posacuerdo configurará el paisaje nuevamente, ya que, sin la debida presencia del Estado, nadie garantiza que el nuevo escenario sea mejor que el anterior.

El CNMH reporta más de 1080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos.

El ambiente, eje transversal del posacuerdo

En comparación con otras fuentes, como la política y el deporte, los temas científicos no suelen acaparar los titulares de los medios de comunicación. Abrirles camino a estas historias no solo requiere periodistas interesados y cada vez más especializados, sino también editores que entiendan la relevancia de otras miradas y que promuevan nuevas formas de abordar los hechos.

Los periodistas aún estamos comprendiendo la dimensión que tienen el posacuerdo, la justicia transicional y la participación en política y la reincorporación a la sociedad de los antiguos combatientes de las FARC. Al mismo tiempo, continuamos sumergiéndonos en el glosario que supone el cambio climático (ver capítulo: El clima está cambiando, ¿y nosotros?): Acuerdo de París, gases de efecto invernadero, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), servicios ecosistémicos, fracking, conectividad ecológica, acidificación de los océanos, energías renovables, entre muchos otros. Contrario a lo que se podría pensar, no estamos hablando de orillas opuestas. Todo lo contrario: hacemos reportería sobre un mundo interconectado1.

Encontrar los enfoques indicados y los verdaderos puntos de encuentro es siempre un desafío. El Acuerdo de Paz nos está ofreciendo una baraja completa de temas por cubrir. Como ya hemos visto, más que un pacto de dejación de armas, la implementación del Acuerdo incluye transformaciones profundas. Hay muchos desafíos, pero también hay muchas ventanas de oportunidades para planear un desarrollo sostenible; garantizar la reinserción económica y social de los exguerrilleros a la vida civil; fortalecer política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales; hacer reformas rurales que tengan en cuenta la riqueza natural de los territorios; avanzar en procesos de ordenamiento territorial concertados, y luchar contra economías ilícitas que degradan los ecosistemas y ponen en riesgo la salud de comunidades enteras.

En un país con desafíos complejos que requieren soluciones igual de complejas, el periodismo tiene la responsabilidad de ayudar a reconstruir los vínculos de confianza y comprensión mutua en contextos vulnerables. Hay que narrar los percances de este proceso, el conflicto que todavía persiste en muchas zonas del país, la diversidad de actores ilegales que siguen merodeando y atemorizando a comunidades locales, las actividades criminales que ponen en riesgo la vida de líderes sociales, y, al mismo tiempo, posicionar otros enfoques que contribuyan a consolidar la paz y no enterrar la esperanza.

En una entrevista, Julio Carrizosa Umaña, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, resumió este asunto con el “paradigma de la simplicidad”:

Se quieren resolver problemas complejos aplicando soluciones simples. Según Edgar Morin, “vivimos bajo los principios de disyuntiva, reducción y abstracción, lo que en su conjunto constituye el paradigma de simplificación”. El problema es que queremos colocar todo como malo o bueno, no vemos el mundo en forma dinámica, no comprendemos el pasado ni tratamos de prever el futuro, y reducimos la realidad a unas cuentas palabras.

En el libro La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo, de la organización de derechos humanos Dejusticia, el argumento de partida resume el gran desafío que afrontamos: no puede haber paz territorial sin paz ambiental.

Dado que el futuro de la paz se jugará en la periferia de la geografía nacional que ha vivido lo peor del conflicto armado, y que además coincide con algunas de las zonas más biodiversas, las políticas del Estado y las acciones de la sociedad civil y el sector privado en esos territorios serán decisivas (Dejusticia, 2017, p. 13).

Como explican los investigadores de esta organización, los asuntos ambientales estuvieron relegados en la fase del Acuerdo de Paz (peacemaking), pero no pueden eludirse en la fase de construcción y consolidación de la paz (peace building).

Tomado del taller ‘Environmental Security and Sustaining Peace’, dictado por el Environmental Law Institute, la ONU Ambiente y las Universidades de Columbia, Duke y California.


¿Cómo podemos entonces cubrir los asuntos ambientales que atraviesan el posacuerdo? Para responder a esta pregunta, hablé sobre el tema con siete investigadores que lo han trabajado durante años. De estas conversaciones surgieron cinco grandes temas: el territorio como víctima de la guerra, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la Reforma Rural Integral y los líderes ambientales. En lo que sigue, explicaré cada uno de estos ejes a partir de las perspectivas de los investigadores. Al final de cada sección se encuentran varias preguntas guías, propuestas por los expertos, que nos pueden ayudar a encontrar sinergias de temas y a entender las distintas formas en las que el medioambiente se conecta con otros ámbitos.

Guerrillero de las FARC cruzando el río Jambaradó en una mula. Foto: Federico Ríos

1Por supuesto, esto no quiere decir que debamos tender puentes a diestra y siniestra. Los puentes artificiales o mal construidos se caen solos, al igual que la credibilidad.


1. El territorio: ¿víctima de la guerra?

Belkis Florentina Izquierdo es la primera magistrada indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como parte de la ‘Sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas’, tiene a su cargo el Macrocaso 002, que reconoce al territorio como víctima del conflicto armado en Colombia. No se trata de cualquier territorio. La JEP estudió, específicamente, las conductas que presuntamente fueron cometidas por las FARC y la Fuerza Pública entre 1990 y 2016 en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

Allí se encuentra el Katsa Su de 32 resguardos indígenas del pueblo Awá: la madre tierra, el lugar donde desarrollan su espiritualidad, se armonizan los espíritus y ancestros y se realizan los rituales. Para ellos el territorio es entendido como “un espacio físico y simbólico en el que diferentes seres conviven y comparten espacios comunes”. Es esta cosmovisión la que se protegió.

Los más de 100 hechos que de acuerdo con los indígenas afectaron su Katsa Su incluyen conductas que van desde homicidios, desaparición forzada y amenazas hasta reclutamiento, desplazamiento forzado y restricciones y limitaciones de la movilidad en territorios ancestrales. Para la magistrada Izquierdo, el Macrocaso 002 genera una discusión jurídica, pero, sobre todo, una reflexión acerca de los daños socioambientales y territoriales que ha dejado la guerra colombiana. “Es un proceso dignificante para las víctimas porque genera participación efectiva y activa para recoger sus voces. Son ellos quienes entregan la narrativa de la verdad sobre lo que ocurrió en sus territorios”, dice Izquierdo. “Si hablamos de naturaleza, territorio, ecosistemas, ambiente, biodiversidad, le estamos apostando a una misma visión holística y conectada”.

Aunque el ambiente no se aborda de manera explícita en el Acuerdo, este sí contempla una Colombia en paz que permita alcanzar una sociedad “sostenible, unida en la diversidad, fundada no solo en el culto de los derechos humanos, sino en la tolerancia mutua, en la protección del medioambiente, en el respeto a la naturaleza, sus recursos renovables y no renovables, y su biodiversidad”. Y esa visión de país depende, entre muchas variables, del modelo de desarrollo al que le queramos apostar.

Antes de entrar en más detalles del Macrocaso 002, es importante entender las funciones de la JEP. Como mecanismo de justicia transicional, la JEP tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos en Colombia. En esa medida, investiga a excombatientes de las FARC, a miembros de la Fuerza Pública, a civiles y a otros agentes del Estado que hayan sido procesados o cometido delitos relacionados con la guerra. Como no puede estudiar cada uno de los hechos violentos al detalle, selecciona los más graves y representativos. Hasta el momento hay siete macrocasos abiertos y uno de ellos es el de los Awá.

Lo interesante de la selección de la JEP es que, al reconocer al Katsa Su del pueblo Awá como víctima de la guerra, también se contemplan unas sanciones para repararlo. Estas actividades, trabajos u obras incluyen la “limpieza y descontaminación de municiones sin explotar, restos explosivos de guerra y minas antipersona” y programas de recuperación ambiental en las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito o en zonas de reserva.

El Macrocaso 002 es apenas el comienzo. En diciembre de 2018 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en conjunto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), propuso que “todos los parques nacionales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz”. Se planteó llevar casos emblemáticos –como el de La Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta–, incluyendo a los funcionarios más golpeados por la violencia.

El tema, sin embargo, tiene sus matices. Varias abogadas me advirtieron del riesgo de generalizar los impactos en los parques. Volvemos al principio: no poner todo en la misma canasta. ¿Es posible que la misma presencia de grupos armados ilegales haya podido, irónicamente, contribuir al alto estado de conservación de algunos parques naturales? ¿Todos los parques sufrieron los embates de la guerra de la misma manera? ¿Tiene el Estado alguna responsabilidad?

Puede parecer insólito que los animales y los ríos (como el Atrato y el Magdalena) y los páramos (como el Pisba) y la selva (como la Amazonía) tengan derechos, pero la organización Dejusticia recuerda que en otra época era igual de extraño que los niños, los esclavos o las empresas los tuvieran. Por otro lado, “tratar como sujetos jurídicos a los animales y a la naturaleza en general no significa reconocerles todos los derechos”, explica Dejusticia. Pensar en el medioambiente como víctima y sujeto de derechos puede permitir que “las políticas y los programas del posacuerdo tengan en cuenta las repercusiones del conflicto armado en el patrimonio natural del país. Acoger esta postura puede influir también en las decisiones que se tomen sobre los mecanismos de justicia, reparación y memoria que se implementen” en esta etapa.

Preguntas que recomiendan
la magistrada Belkis Izquierdo
y la abogada Juliana Sepúlveda:

  • ¿Cuál es la comunidad sobre la que voy a investigar?
  • ¿Entiendo la cosmovisión del pueblo (indígena o afrodescendiente) sobre el que voy a informar?
  • ¿Qué actores hicieron presencia en ese territorio y en qué periodos?
  • Si decimos que el territorio está vivo, ¿ubico geográficamente los ríos, montañas, cuevas, sitios sagrados y la riqueza natural que allí habita?
  • ¿Cuáles serían las sanciones propias más efectivas para este territorio en específico
  • ¿Existen estudios para conocer cuáles fueron los impactos que tuvo la guerra en este territorio en particular? Si no, ¿estoy visibilizando los vacíos de información?
  • ¿Estoy consultando a las justicias ancestrales para conocer los impactos que la misma comunidad tiene documentados? ¿Valoro los diálogos interculturales?
  • ¿Cómo se recaudaron las pruebas que se usaron para tomar la decisión final en la JEP?
  • ¿Entiendo cómo se hace el proceso de acreditación a la JEP para participar?
  • ¿De qué manera el territorio podría aportar a la verdad, justicia y no repetición?

2. Cultivos de uso ilícito

María Alejandra Vélez y David Restrepo Díaz, dos investigadores de economías ilícitas y desarrollo rural en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, tienen varias inquietudes sobre el cubrimiento periodístico que se ha hecho en Colombia alrededor de la coca.

De acuerdo con Vélez y Restrepo, no hemos escudriñado lo suficiente la historia de esta planta ancestral, ni hemos entendido las distintas dinámicas –nada sencillas y bastante heterogéneas, por cierto– que se tejen alrededor de su explotación lícita e ilícita. Tampoco hemos sido claros con nuestros lectores, oyentes y televidentes sobre cuál es el eslabón de la cadena del que estamos informando (cultivo, producción/transformación, comercialización o consumo). Y a veces pasamos por alto la historia humana que hay detrás, incluso equiparando al narcotraficante con el pequeño cultivador.

En ocasiones, “el cubrimiento periodístico en Colombia ha contribuido a darle continuidad a la estigmatización de la hoja de coca”, dicen los investigadores. Por eso, habría que tener claros dos conceptos, que son distintos: correlación y causalidad. Los cultivos de coca están correlacionados con mayores tasas de violencia, pero no son su causa. En cambio, el hecho de haberse declarado ilegales una planta y los alcaloides derivados de ella, sí es una de las principales causas de los altos niveles de homicidio que padecen muchos territorios en el país.

Tabla 1. Contenido de nutrientes principales de la hoja de coca vs. otros alimentos. Fuente: Open Society Foundations.

En el libro Los debates de La Habana: una mirada desde adentro, el periodista Andrés Bermúdez cuenta que una de las discusiones más importantes sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito que se dio durante las negociaciones en Cuba giró en torno a cómo garantizar que los campesinos que los erradicaban pudieran vivir dignamente. Esto es preocupante sobre todo durante el periodo de su transición hacia la legalidad, cuando sus nuevas alternativas económicas aún no son productivas. Relacionado con esto, también está la cuestión de cómo garantizar que los campesinos no se vean obligados a volver a sembrar cultivos ilícitos.

“La importancia de asegurar ese bienestar de los cultivadores generó dos debates distintos, pero íntimamente ligados: primero, ¿debería el Estado remunerar a los campesinos durante el periodo en que son más vulnerables? Y segundo, ¿debería ser gradual el proceso de sustituir los cultivos? (…) Este doble debate se zanjó con varias soluciones. Como punto de partida, se reconoció que el proceso de erradicación y sustitución —llamado en el Acuerdo Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS)— tiene dos momentos: un primer periodo en que el campesino erradica y comienza a poner en marcha su nueva alternativa económica, y un segundo periodo en que esa actividad ya le genera los ingresos necesarios para subsistir”, explica Bermúdez.

El cuarto capítulo del Acuerdo de Paz, llamado ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’, parte de que la situación anterior está ligada a condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional y a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El documento contempla explícitamente el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como “parte de la identidad cultural de la comunidad indígena”, y la posibilidad de utilizarla “para fines médicos y científicos”. El capítulo habla de la necesidad de que las comunidades que habitan las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito gocen de “condiciones de bienestar y buen vivir” y que aquellas que están directamente relacionadas con la actividad reciban “oportunidades para desvincularse definitivamente”. En esa segunda etapa el Gobierno debe invertir en obras de infraestructura, formalización de la propiedad y asistencia técnica.

Hay mucha tela por cortar aquí, sin lugar a dudas, pero, como ejemplo, vamos a enfocarnos en dos asuntos que pueden ser más cercanos al periodismo científico: los impactos ambientales y sociales de la aspersión con glifosato, y la relación entre la deforestación y la coca.

Según David Restrepo, toda la evidencia disponible hasta la fecha muestra que es falso asegurar que la aspersión con glifosato es necesaria para detener el narcotráfico y combatir los grupos armados al margen de la ley en el país. Las razones son tres: 1) la aspersión es ineficaz en reducir los cultivos de coca y más bien logra propagarlos por el territorio nacional… pues se “mudan” de un lugar a otro; 2) no debilita a los narcotraficantes, quienes se enfocan en los eslabones de cristalización de clorhidrato de cocaína y su comercialización, no en el cultivo, y 3) fortalece a los grupos armados, ya que debilita la resistencia local contra estos actores y deslegitima al Estado ante la población.

La evidencia sobre el daño que causa el glifosato tanto en las personas como en los ecosistemas sigue discutiéndose, aunque la IARC (la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer), la máxima autoridad científica en oncología a nivel mundial, lo clasificó como probablemente cancerígeno en 2015. Su uso tendría un efecto adverso sobre la salud relacionado con abortos espontáneos, enfermedades dermatológicas, afecciones respiratorias y cáncer. Eso por no mencionar los efectos perjudiciales que tiene en las fuentes hídricas, el suelo y los animales.

Por otro lado, la relación entre coca y deforestación es todo menos simple y nueva. En el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de 2018, esta entidad señaló que la coca sigue siendo una amenaza para la diversidad cultural y biológica de Colombia no solo por su presencia en el territorio, sino por las implicaciones sociales, culturales y ambientales que esta conlleva. Cerca de la mitad (47 %) de las 169 000 hectáreas cultivadas de coca en el país se encuentran en zonas de manejo especial; parques naturales, resguardos indígenas, tierras de comunidades negras y zonas de reserva forestal de Ley 2.

Tabla 2. Tomado del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2018.

Alejandra Vélez y Camilo Erasso (2020) compilaron los resultados de la última literatura científica y, al parecer, la expansión de la coca es en sí misma una señal de la frontera agrícola, pero no la causa principal de la deforestación. Más bien sería la punta de lanza para dinamizar otras actividades en las áreas circundantes que implican pérdidas significativas de cobertura boscosa (actividades agropecuarias, pistas, carreteras, asentamientos humanos).

Como investigadora, Vélez ha insistido en que la política de drogas y la política ambiental deben conversar, pues responden a un problema de desarrollo rural y a puntos estructurales que no fueron resueltos para los campesinos: falta de tierras, falta de presencia del Estado en el territorio, falta de alternativas productivas viables. Esto, traducido a la reportería, significa que los asuntos relacionados con cultivos de uso ilícito no se limitan únicamente al narcotráfico, sino a mecanismos como la sustitución voluntaria concertada con las comunidades, la erradicación manual forzosa, la misma aspersión aérea, la inversión en desarrollo rural, salud pública y educación, la seguridad y judicialización, y los saberes ancestrales.

Preguntas que recomiendan
María Alejandra Vélez y David Restrepo Díaz:

  • La historia que investigo es un caso de correlación o de causalidad?
  • ¿Estoy hablando de coca o cocaína?
  • ¿De qué parte del eslabón de toda la cadena de narcotráfico estoy informando? ¿Lo pongo en perspectiva?
  • ¿Estoy generalizando los impactos ambientales del cultivo en un territorio determinado?
  • ¿Estoy sumando una perspectiva histórica y/o compartida (con otros países, por ejemplo) sobre el uso de esta hoja?
  • ¿He preguntado lo suficiente sobre la economía rural del lugar que estoy visitando?
  • ¿Cuáles son las motivaciones de los cultivadores? ¿En dónde están cultivando? ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué había antes?
  • ¿Me intereso por conocer los otros usos de la hoja de coca, como productos alternativos lícitos de té, harinas y bebidas?
  • Sobre la aspersión con glifosato, ¿hubo consulta previa con las comunidades? ¿Se surtió algún proceso de participación? ¿Hubo acuerdos individuales antes?
  • ¿Entiendo en qué consiste el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) planteado en el Acuerdo de Paz?
Foto: Federico Ríos

3. Deforestación

El año 2020 empezó con una grieta en la agenda ambiental del país: en apenas tres días del mes de marzo, las disidencias de las FARC lograron desterrar a casi 20 funcionarios de Parques Naturales y dejar al sector sumido en una de las más graves crisis de gobernabilidad en la historia de las áreas protegidas. Chiribiquete –patrimonio mixto de la humanidad por la Unesco–, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, La Paya y Puré quedaron, una vez más, a merced de la ilegalidad.

No se trata solo de la Amazonía –la región que concentra el 62 % de la deforestación nacional, con más de 98 000 hectáreas arrasadas en 2019–, sino de la gente que dedica su vida a cuidar la naturaleza del segundo país con más especies de animales y plantas en el planeta, en medio de un posacuerdo inestable en el que el miedo sigue merodeando en las zonas más profundas de Colombia. En la última década, una docena de funcionarios han sido asesinados por su labor.

Este fenómeno, en el que las motosierras retumban y el bosque fragmentado luce como un tapete de retazos desde el aire, tiene una particularidad: es visible. Y se trata, tal vez, del mayor desafío ambiental que enfrenta el país. De acuerdo con Global Forest Watch, Colombia es el cuarto país con mayor deforestación en el mundo, superado solo por Brasil, República Democrática del Congo e Indonesia.

Para el investigador Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien lleva varios años siguiéndole la pista al tema en la Amazonía, el Acuerdo de Paz abrió las puertas a un nuevo periodo de lucha por la tierra que, durante mucho tiempo, había estado controlada por un único actor fuerte: las FARC. “Ahora, con la débil implementación del Acuerdo, especialmente lo que corresponde al punto 1 de la Reforma Rural Integral, se está dando un proceso caótico y desenfrenado de apropiación. Y esto es nuevo: ya no existen territorios divididos o antagónicos, sino que en un solo sitio pueden coexistir, seguramente a través de acuerdos, disidencias, paramilitares, empresas de lavado de activos, políticos y pequeños campesinos bajo unas nuevas reglas y formas de operar”, señala.

Para que alguien se apropie de un pedazo de tierra es necesario que tumbe el bosque. En palabras de Botero: “Detrás del árbol caído hay alguien que eternamente tendrá posesión de la tierra”. En esa nueva receta que se empieza a cocinar, las vacas no son cualquier ingrediente: son la bandera que señala ‘esto tiene dueño’ y “son una mejor manera de mover dinero”.

En el último trimestre del 2019 (octubre-diciembre) el escenario fue alarmante. En ese periodo, las 13 alertas de deforestación que identificó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se concentraron en la Amazonía, una región que nos proporciona el 20 % de la circulación de agua y aire cada día. En total, se perdieron 28 000 hectáreas de bosques, una zona del mismo tamaño del municipio de Líbano, en Tolima.

Dolors Armenteras, bióloga, magíster en Conservación Forestal y doctora en Geografía, ha señalado varias veces que evaluar la deforestación es difícil por todas las variables que entran en juego: la región, los tipos de bosque, las dimensiones de los ecosistemas, la incidencia de factores externos como el clima. Según indica, podríamos llegar a un punto de no retorno si el 40 % de la Amazonía se deforesta. El resultado sería una “bomba de carbono”, pues el ecosistema liberaría a la atmósfera millones de toneladas de carbono que antes capturaba. Este escenario podría ocurrir en los próximos 10 o 15 años.

Visibilizar las amenazas que acorralan a los distintos bosques del país podría ayudar a evitar consecuencias irreversibles que no solo afectarán a Colombia, sino al mundo. El desafío siempre será que la gente comprenda la importancia de un árbol: oxígeno, alimentación, agua, cultura, recreación y ocio, entre muchos otros.

Deforestación histórica

AÑO – HECTÁREAS

Tomado del periódico El Tiempo, adaptado a partir de los informes del IDEAM. En 2019 se deforestaron 158 894 hectáreas de bosque natural.

Preguntas que
sugiere Rodrigo Botero:

  • ¿Cuáles son los territorios afectados?
  • ¿Qué características tienen esos sitios para que concentren la deforestación?
  • ¿Cuáles son las poblaciones que se ven directamente afectadas por la pérdida de bosque natural?
  • ¿Cuál es el impacto ambiental, social, económico y cultural de la deforestación a nivel local? ¿Y nacional?
  • ¿Existen grupos armados (legales e ilegales) que hacen presencia allí? ¿Podrían tener intereses específicos en tumbar el bosque?
  • ¿Existen fenómenos de migración asociados a la deforestación?
  • ¿Cuál es el principal motor? ¿Coca, infraestructura, frontera agropecuaria, industrias extractivas?
  • ¿Cuál es el estatus legal del suelo donde está concentrada la deforestación? ¿Son baldíos de la nación o a quién pertenece?
  • ¿Hay concentración en la apropiación de tierras en las zonas deforestadas?
  • ¿Qué dicen las autoridades del Gobierno nacional? ¿Cuáles son las medidas contundentes que se han tomado para frenar la deforestación y judicializar a los máximos responsables? ¿Quién está deforestando (la mano de obra) y quién está dando la orden?

4. Reforma Rural Integral

Si hay un tema que forma parte esencial de la violencia en Colombia, y por eso mismo del Acuerdo de Paz, es la tenencia y distribución de la tierra. El primer punto contempla precisamente esto: la transformación estructural del campo para reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia del mismo en el territorio.

Es tal la importancia de este punto dentro del Acuerdo que, de los $129 billones que se estima cuesta la implementación de todo lo pactado, $110 billones están destinados a la Reforma Rural Integral (RRI). El capítulo hace énfasis en tres elementos: los mecanismos para el acceso y uso de la tierra, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales sectoriales.

Para sacarlos adelante se necesita proveer de bienes y servicios públicos a la ruralidad: con infraestructura (vías terciarias, riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (salud, educación, vivienda, agua potable, formalización laboral, protección social y derecho a la alimentación), y estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria (asistencia técnica, tecnología, formación y capacitación, créditos, mercadeo y comercialización).

Para Andrés García Trujillo, exasesor del gobierno en los diálogos de paz y actualmente asociado al Instituto para las Transiciones Integrales, lo crucial de la Reforma Rural Integral es la “apuesta por fortalecer la presencia del Estado colombiano, por generar desarrollo rural con equidad y por realmente garantizar que los ciudadanos rurales cuenten con todas las oportunidades necesarias para alcanzar sus proyectos de vida”.

El principal mecanismo que estableció el Acuerdo para dotar de tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente es el Fondo de Tierras, al que deben ingresar tres millones de hectáreas para ser adjudicadas de forma gratuita, empezando por las zonas más golpeadas por la guerra.

Para 2020, según detalla El Espectador, a este fondo solo han ingresado
1 000 404 hectáreas; es decir, poco más del 30 % de la meta estipulada. “Pero a la promesa de entregar tres millones de hectáreas se suma la de formalizar otras siete millones de hectáreas de tierra a campesinos que las ocupan o poseen y son sus legítimos dueños. Como parte de los mecanismos de acceso y uso de la tierra, la RRI incluyó de igual manera el catastro multipropósito, que debe actualizar la información predial, que, según se estima, está desactualizada en el 66 % del territorio nacional y en otro 28 % ni siquiera tiene formación catastral”, se advierte.

No es sencillo. La Reforma Rural debe integrar a las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos; mientras se respeta la función ecológica de los ecosistemas. Para García Trujillo los principales retos son: la voluntad política (a nivel nacional y local), el espacio fiscal para llevar a cabo las diferentes inversiones públicas que se requieren, y la apropiación por promover la implementación del punto 1 con visión de integralidad y urgencia.

Según García, el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva son uno de los principales desafíos en materia ambiental. El Gobierno se comprometió en el Acuerdo a “proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medioambiente y bienestar y buen vivir”. Pero si no hay un catastro actualizado es muy complicado conocer la cantidad, el valor y las características de los predios e inmuebles que tenemos.

Hay también otra serie de desafíos, según Trujillo: “La preservación de las fuentes hídricas, la resolución de conflictos alrededor del uso del suelo y la explotación de recursos naturales, la prestación de servicios ambientales por parte de las comunidades rurales, las diferentes formas de combinar la productividad agrícola con la preservación del medioambiente, la deforestación, la salvaguarda de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.

Preguntas sugeridas
por Andrés García:

  • ¿Cuáles son los tipos de tenencia y los usos de la tierra? ¿Son legales?
  • ¿Las actividades que se están desarrollando son compatibles con la vocación del suelo?
  • ¿Esos usos están orientados a promover la sostenibilidad ambiental?
  • Si hay conflictos alrededor de la tierra, ¿se están solucionando de manera pacífica y a través de mecanismos institucionales o, más bien, a través de formas ilegales y violentas?
  • ¿Cuáles son los actores que están llegando al territorio? ¿Son nuevos o ya estaban ahí?
  • ¿Cuál es el uso que se le da al agua?
  • ¿Se está asegurando la delimitación del cierre de la frontera agrícola o se está expandiendo? ¿De qué manera y por qué?¿A quién beneficiaría?
  • ¿Cuáles son los mecanismos para apoyar a las comunidades rurales que habitan ecosistemas frágiles para que tengan una reorientación de su actividad económica? ¿Esa actividad hace compatible la generación de ingresos con la sostenibilidad ambiental?
  • ¿De qué manera la política de sustitución de cultivos de uso ilícito está impactando la salud de los habitantes rurales y del medioambiente?
  • ¿Cuáles son los proyectos alternativos de sustitución voluntaria que puedan ser compatibles con la conservación y protección de la naturaleza?

5. Líderes ambientales

Defender los ríos, selvas, páramos, manglares y montañas de América Latina y el Caribe es una labor que puede pagarse con la vida. El último informe de Global Witness revela que 212 defensores de la naturaleza fueron asesinados en el 2019. Colombia (con 64 muertes), Filipinas (43), Brasil (24) y México (18) son los casos más críticos de todos, “aunque es probable que nuestros datos estén subestimados, dado que muchos asesinatos no se denuncian, documentan ni investigan, especialmente en las zonas rurales”, advierte la investigación.

En promedio, cuatro defensores han sido asesinados cada semana desde diciembre de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.

En 2020, la investigación Tierra de Resistentes, de la que fui coordinadora y editora, revela una situación similar. Un grupo de periodistas analizamos ataques violentos en diez países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Perú y Venezuela) durante los últimos once años (2008-2019). Hallamos 2367 hechos victimizantes. Estos reflejan distintos tipos de violencia que van desde acoso judicial y amenazas, hasta desaparición, desplazamiento y asesinatos.

Los datos –que no pretenden ser un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese periodo, dado que el subregistro es grande– revelan que el 48 % de esos episodios de violencia (1146 registros) fueron contra líderes de alguna minoría étnica. Ellos se defienden, principalmente, de actividades como la agroindustria, la tala y la minería. Solo en Colombia, de 15 etnias afectadas, 11 han sido declaradas en riesgo de extinción por la Corte Constitucional.

Para Lina Muñoz Ávila, Ph. D. y directora de la especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, hay cuatro grandes retos para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales:

  1. Fortalecer las capacidades de las autoridades judiciales y de investigación para combatir la impunidad. 
  2. Contrarrestar la falta de participación de los defensores para la construcción de las normas, políticas y reglamentaciones que establecen sus medidas de protección.
  3. Eliminar las barreras para el acceso a la justicia por parte de los defensores.
  4. Visibilizar los riesgos sin exponer a las personas divulgando detalles personales o de sus familias. 

Una de las herramientas más fuertes que hay en este momento para garantizar el acceso a la información, la participación, la justicia y el fortalecimiento de capacidades de los defensores del ambiente en la región es el Acuerdo de Escazú; el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos. Los Estados asumen responsabilidades claras con su ratificación.

Preguntas que
recomienda Lina Muñoz:

  • ¿Quién es un defensor ambiental y qué lo caracteriza?
  • ¿Por qué los están matando? ¿Qué están defendiendo?
  • ¿Quiénes son los perpetradores?
  • ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y las empresas privadas en los ataques violentos?
  • ¿Por qué las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes) son las más vulnerables?
  • ¿Existen patrones distintos dependiendo del género?
  • ¿Por qué las cifras oficiales no coinciden con las de las organizaciones no gubernamentales?
  • ¿Por qué las medidas para proteger a los defensores ambientales no son suficientes y efectivas?
  • ¿Por qué desde las ciudades nos deberían importar sus luchas?
  • ¿Cómo podemos ayudar a protegerlos?

Acuerdo de Escazú

¿Cuáles son los pilares?
Información, participación, justicia y fortalecimiento de capacidades.

¿Qué dice exactamente y por qué es importante?
i) Garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso completo y detallado a información sobre temas ambientales y grandes proyectos en sus territorios. ii) Promueve una mayor participación ciudadana y facilita el acceso a la justicia. iii) Propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos ambientales. iv) Contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

¿En qué va Escazú en junio de 2020?
Se necesita que 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor. Hasta el momento 9 ya han ratificado y 13 faltan por hacerlo (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía).

En el capítulo 2 del Acuerdo de Paz, hay una sección titulada Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de DD. HH. Allí se establece el principio de protección de sus derechos. Este principio es abordado para la prevención de posibles agresiones a organizaciones, movimientos e individuos defensores de derechos humanos, al señalar que se requiere: i) un Sistema de Alertas Tempranas; ii) un despliegue preventivo de seguridad; iii) un sistema de coordinación; y iv) visibilizar la labor que realizan líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.

Foto: Federico Ríos

Referencias

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Cárdenas, M. & Rodríguez, M. (2004). Guerra, sociedad y medioambiente. Foro Nacional Ambiental. http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2015/10/libro-Guerra-Sociedad-y-Medio-Ambeinte.compressed.pdf

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Dávalos, L. M., Bejarano, A. C., Hall, M. A., Correa, H. L., Corthals, A. & Espejo, O. J. (2011). Forests and Drugs: Coca-Driven Deforestation in Tropical Biodiversity Hotspots. Environmental Science & Technology, 1219–1227. https://doi.org/10.1021/es102373d

Hanson, T., Brooks, T., Da Fonseca, G., Hoffman, M., Lamoreux, J., Machlis, G. et ál. (2009). Warfare in Biodiversity Hotspots. Conservation Biology. https://www.academia.edu/1438784/Warfare_in_biodiversity_hotspots

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Vélez, M. & Restrepo, D. (2020). Año nuevo, ¿fumigaciones nuevas? Semana Rural. Recuperado: https://semanarural.com/web/articulo/ano-nuevo-fumigaciones-nuevas/1306

World Resources Institute (2019). The World Lost a Belgium-sized Area of Primary Rainforests Last Year. Recuperado de: https://www.wri.org/blog/2019/04/world-lost-belgium-sized-area-primary-rainforests-last-year


Entrevista

JUAN BELLO,
JEFE DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIOAMBIENTE.

Foto: cortesía.

¿Cuáles son los factores determinantes para que un acuerdo de paz tenga o no éxito?
Aunque cada proceso de construcción de paz tiene sus propias particularidades, algunos expertos señalan cinco factores que hacen más difícil un acuerdo de paz o su implementación. El primero es si hay más de dos actores involucrados en el conflicto, y las dificultades inherentes a que todos participen en la mesa de negociación. El segundo es el nivel de polarización social con respecto al proceso de construcción de paz; si la sociedad en general apoya el proceso obviamente las posibilidades de éxito son mayores. El tercero, si los momentos determinantes de la negociación, firma o implementación del acuerdo coinciden con periodos electorales; cuando esto sucede existe el riesgo de que el proceso se politice y se pierdan de vista los objetivos más amplios y de largo plazo. El cuarto factor es si el territorio donde ocurre el conflicto (que puede ir desde una región específica dentro de un país hasta varios países) es rico en recursos naturales, ya que se pueden involucrar intereses de actores no directamente relacionados con el conflicto y hacer más compleja la negociación o implementación de los acuerdos. Finalmente, el quinto factor es si hay economías ilegales capaces de mover grandes cantidades de dinero de una u otra forma asociadas o asociables al conflicto. La situación se complica aún más cuando dos o más de estos factores ocurren simultáneamente. En el caso colombiano, coinciden todos. 

¿Por qué la naturaleza debe entenderse como un aspecto transversal al Acuerdo de Paz en Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta?
La razón es simple: cualquier acuerdo o proceso de paz en este país pasa por resolver, entre otras, la forma como se habitan y utilizan los territorios. Y esto lleva ineludiblemente a qué hacer con toda esa riqueza natural que existe allí. En algún punto hablar de paz implica hablar de cómo resolver esas complejas relaciones entre biodiversidad, recursos naturales, comunidades locales, sectores productivos, etc. Es muy difícil imaginar escenarios para Colombia donde a pesar de la destrucción de la naturaleza y la degradación ambiental se alcance la paz, entre otras porque los medios de vida de millones de colombianos dependen directamente de esa naturaleza, y porque, en un sentido más amplio, el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental.

¿Qué tanto se incluyen los asuntos ambientales en nuestro Acuerdo de Paz? ¿Cuáles son las falencias y vacíos más significativas?
El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP ha sido reconocido mundialmente por ser uno de los primeros en incluir referencias explícitas a la protección de la naturaleza y a temas ambientales. Sin embargo, esa dimensión no alcanzó a entrar como uno de los ejes principales y ha sido dejada de lado en el proceso de implementación. Por ejemplo, al inicio del proceso de implementación, la institucionalidad ambiental avanzó en la definición de determinantes ambientales para integrarlas a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); sin embargo, en la medida en que estos programas fueron avanzando, esas consideraciones pasaron a un segundo plano y los esfuerzos se enfocaron cada vez más en inversiones concretas, como la construcción de vías o el apoyo a proyectos productivos tradicionales. El problema es que estas actividades ocurren en territorios que son biodiversos por naturaleza y que enfrentan desafíos ambientales enormes en temas como la deforestación, la extracción ilícita de minerales, el tráfico de fauna o la contaminación. Disociar el ambiente del desarrollo rural y la construcción de paz en los territorios implica dejar tareas pendientes para el futuro.

¿Puede el ambiente ser un escenario de reconciliación? ¿Tal vez un puente entre víctimas y victimarios?
Definitivamente, sí. Es muy significativo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga ya un marco establecido para reconocer al ambiente como víctima del conflicto, lo cual abre la puerta para que sea sujeto de reparación. De esta forma se podría avanzar en la restauración ecológica de las áreas degradadas por el conflicto y, por qué no soñarlo, de una nueva ruralidad para Colombia bajo la visión de vida en armonía con la naturaleza. En todo caso, como se mencionó antes, la construcción de paz en Colombia pasa por abordar los temas ambientales, por tomar decisiones sobre la forma como se maneja esa enorme riqueza ambiental del país. Por esta razón debe haber reconciliación en torno a los asuntos ambientales. El país tiene impactos acumulados de la degradación ambiental, los cuales generan riesgos y vulnerabilidades en los territorios, con tendencia a empeorar y a ser más difíciles de remediar con el paso del tiempo y sumando los efectos del cambio climático. Solucionar estos problemas implica llegar a acuerdos, a tender esos puentes entre víctimas y victimarios, a pensar la reparación del ambiente como una reparación colectiva que nos beneficia a todos, incluyendo a las generaciones futuras.

Una guerra tan extensa como la nuestra hizo que el periodismo priorizara cierto contenido. La violencia acaparó la agenda informativa. ¿Cuál cree que debe ser el papel del periodismo científico en esta nueva etapa?
Claramente, uno de los primeros aspectos que surgió luego de la firma del acuerdo fue la posibilidad de hacer expediciones científicas a lugares que por décadas estuvieron vetados para la investigación, y de contar esas expediciones. Esos relatos son esenciales para ayudar a conectar el país entero a esas realidades que parecen tan lejanas, pero que son la esencia misma de lo que es Colombia. Pero esa ventana duró poco porque tristemente la violencia regresó a esos territorios. En este momento el periodismo científico da la posibilidad de abordar preguntas complejas, preguntas que hilan desde las historias de vida en los territorios, hasta las trayectorias de cambio planetario y escenarios futuros. En medio de tanta información (y desinformación), el periodismo científico puede ayudar a confrontar a la sociedad sobre qué tan conectada está con la realidad socioecológica del país. Puede ayudar a superar esa disonancia cognitiva que nos impide actuar frente a la evidencia científica. Aunque suene muy ambicioso, el periodismo científico puede convertirse en un eje central para la educación de toda la sociedad, de conexión entre lo urbano y lo rural, de conciliación con la diversidad y de búsqueda de nuevos modelos de vida y de desarrollo basados en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

¿Puede haber paz ambiental sin paz territorial?
En el contexto colombiano, muy difícilmente. También depende de cómo se definan paz ambiental y paz territorial. El control de un territorio por parte de un actor del conflicto puede significar “paz ambiental” (por ejemplo, en términos de vedas a la caza de animales o controles a la deforestación), pero no significa necesariamente que haya “paz territorial”. Paz territorial tampoco implica que haya paz ambiental, si quienes habitan ese territorio desarrollan prácticas que causan degradación ambiental. Por esta razón, y en un sentido más amplio, la paz en los territorios debe incluir no solo la resolución de los conflictos asociados al acceso y uso de los recursos naturales, sino también las decisiones sobre cómo relacionarse con la naturaleza, cómo cuidarla, cómo usarla. Llegar a acuerdos sobre esas decisiones en territorios donde confluyen visiones tan distintas como las de los pueblos originarios, los campesinos, los latifundistas o las industrias extractivas es increíblemente difícil y complejo. Pero definitivamente posible.

Capítulo 01

Conflictos socioambientales:

elementos para un periodismo que aporte al análisis, la comprensión y el debate público de las disputas sociales por el ambiente

Por Claudia Villa y Carlos Tapia

Comprender qué son los conflictos socioambientales (CSA) permite considerar las disputas de poder existentes entre diferentes actores sociales por los beneficios que brindan los ecosistemas a la sociedad y por el acceso y control de la diversidad biológica. También permite analizar la forma desproporcionada en que diversos sectores de la población se ven afectados por el uso insostenible y el deterioro de los ecosistemas y las condiciones ambientales. En un país megadiverso como Colombia, caracterizado por grandes desigualdades socioculturales y económicas, una larga historia de conflicto armado interno, un mosaico complejo de relaciones humanas con la naturaleza, una notable debilidad institucional, y por múltiples problemas socioambientales territoriales, una mirada desde los CSA sienta las bases para construir acuerdos fundamentados en el mutuo entendimiento de las diferencias. Esto, a su vez, nos permite contar historias para impulsar cambios que contribuyan a crear escenarios de mayor sostenibilidad y bienestar común.

Foto: Carlos Tapia

Introducción

Este capítulo expone una serie de elementos básicos para abordar los Conflictos Socioambientales (CSA) en el trabajo periodístico. Para ello, retoma rasgos comunes de las diversas definiciones existentes sobre este tipo de conflictos sociales y plantea propuestas para su interpretación desde una perspectiva que resalta las disputas sociales en torno a los asuntos ambientales. También incluye recomendaciones sobre preguntas que deben guiar el trabajo periodístico para identificar y caracterizar los CSA, y sugiere fuentes y posibilidades de tratamiento por parte de profesionales que desempeñan labores de comunicación.

Una aproximación periodística a los CSA implica una apuesta ética que conlleva un compromiso por contribuir a la comprensión y solución de graves problemas que afectan las condiciones de vida de nuestra sociedad. Como veremos más adelante, el trabajo periodístico en torno a los CSA busca, usualmente, hacer explícita la existencia de situaciones de (in)justicia ambiental que se traducen en la afectación desproporcionada de algunos sectores vulnerables de la población. El aporte de periodistas y comunicadores es muy importante para estimular en la opinión pública la reflexión y el debate amplio sobre estas confrontaciones ambientales de interés local, regional o global.

Un acercamiento a partir de los CSA permite poner en evidencia que, tras lo que llamamos problemas ambientales (deforestación, contaminación de fuentes hídricas, afectación de páramos, contaminación atmosférica, calentamiento global, pérdida de especies, degradación de suelos, entre otros), existen varios actores sociales que interactúan de distintas maneras, tienen responsabilidades diferenciadas y experimentan de manera desigual las consecuencias de la destrucción de los ecosistemas o de los procesos insostenibles de transformación y aprovechamiento de la naturaleza. El reto es mayor si consideramos la gran diversidad biocultural de un país como Colombia, su larga historia de conflicto armado interno y las enormes asimetrías de poder que caracterizan a nuestra sociedad (ver capítulo: El paisaje que configuró la violencia).

En esa medida, el enfoque periodístico que trata los CSA ofrece una manera diferente de enfrentarse a las historias y su reportería. No basta con simplemente identificar un problema ambiental y enunciarlo para la audiencia. Un periodista que asume el enfoque de los CSA se pregunta, entre otras cosas, lo siguiente: ¿Qué llamamos conflictos socioambientales? ¿Quiénes son responsables de los procesos de destrucción ambiental? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estos procesos de destrucción o de uso insostenible de la naturaleza? ¿Qué derechos humanos son vulnerados con la existencia de dinámicas de transformación de los ecosistemas? ¿Cuáles son las posibles rutas o formas de tratamiento para la transformación positiva de estos CSA en función del bienestar común (de humanos y ecosistemas)?

¿Por qué los periodistas deben
tratar los CSA?

  • Un periodismo que trata temas ambientales no puede escapar al tratamiento de conflictos socioambientales asociados. En la actualidad, la mayor parte de los problemas ambientales, si no todos, tienen manifestaciones públicas en las que se evidencia el choque de visiones e intereses entre distintos sectores o grupos sociales.
  • Una aproximación con enfoque en CSA enriquece el trabajo periodístico en el campo ambiental, plantea retos y representa oportunidades para innovar y contribuir con la sociedad en la búsqueda de soluciones en un marco de profundos y acelerados cambios socioambientales.
  • El periodismo debe hacer un esfuerzo por ayudar a comprender la complejidad de los temas ambientales sin sobresimplificar. Esto incluye las controversias de interpretación o el posicionamiento de distintos actores sociales frente a los problemas ambientales.
  • El reconocimiento de la existencia del creciente número de CSA que se presentan en el país y el impulso del debate público sobre las consecuencias de estos conflictos son la base para hacerles frente y contribuir a su transformación positiva.

¿Problemas ambientales o conflictos socioambientales?

En gran medida, los problemas ambientales son una construcción social. En todos los tiempos, las profundas relaciones de los seres humanos con su entorno no humano han significado transformaciones mutuas en las personas y en los ecosistemas que estas habitan. Los pueblos y comunidades han consolidado sus culturas y modelos de vida modificando paisajes; privilegiando el aprovechamiento y uso de algunas especies; alterando y controlando los flujos de agua; desecando o irrigando áreas con fines agrícolas o para el establecimiento de sus asentamientos; propiciando actividades de cacería, pesca, agricultura y extracción de minerales; impulsando guerras, desarrollando tecnologías para distintos fines, o manipulando plantas y animales. Pero no siempre esos cambios han sido considerados críticos o problemáticos. Las formas en que entendemos y valoramos esas relaciones cambiantes entre la sociedad y la naturaleza (no humana) han variado a lo largo de la historia.

Aun cuando la transformación y, en muchos casos, la destrucción de los ecosistemas ha sucedido en todos los tiempos, a distintas escalas y con distintas consecuencias, solo hasta mediados del siglo XX se generalizaron discusiones y manifestaciones públicas para señalar los efectos negativos de un modelo de desarrollo que genera contaminación, afectación de las condiciones de la vida humana y la distribución injusta de los beneficios y perjuicios de las actividades productivas en todo el planeta.

A grandes rasgos, el llamado “pensamiento ecológico” o “ambiental” moderno1 surgió en el contexto de las sociedades industrializadas en la época de la posguerra, momento en el que se da una profunda reestructuración y reactivación de la economía occidental y se consolida la llamada “sociedad de consumo”. Mientras, por un lado, los desarrollos tecnológicos y la industria aparecen como la realización de la promesa del progreso y la superación de todos los problemas de la humanidad, por otro lado emergen nuevos movimientos sociales que abogan por los derechos civiles, la lucha en contra de la discriminación y las guerras, y por modelos de vida desligados del mercado y del consumo desbordado.

Lo que hasta ese momento se consideraba un problema ambiental o socioambiental cambió debido a varios factores: las aceleradas transformaciones socioeconómicas de nuestros países; los cambios en las agendas de las movilizaciones sociales; los avances del conocimiento científico (incluido el avance de la ecología y las ciencias de la tierra); el auge de nuevas narrativas sobre los impactos de la tecnología y los límites al desarrollo económico, y debates y publicaciones claves generadas por centros de pensamiento, organizaciones multilaterales y, por supuesto, los medios de comunicación2.

Hoy, la pérdida o erosión de la diversidad biológica global es, sin duda, un problema reconocido por la mayoría de las personas. Sin embargo, es un asunto que solo empezó a ser una preocupación mundial cuando algunos científicos acuñaron el concepto de biodiversidad, señalando la importancia de la variabilidad de las formas de vida en el planeta y llamando la atención sobre los procesos de su disminución y las consecuencias que estos pueden tener para la sociedad. Antes de que se generalizara el concepto de biodiversidad y se adoptara el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992, eran pocas las personas que pensaban que su pérdida, su uso insostenible o la distribución injusta o inequitativa de los beneficios derivados de la misma, fueran graves problemas ambientales y mucho menos la base de serios CSA.

En nuestro país, la forma en que consideramos los problemas ambientales también se transformó recientemente, en gran parte debido a la influencia internacional. Nuevas consideraciones y miradas han surgido atendiendo las luchas de organizaciones sociales por el disfrute de un ambiente sano y por acceder a condiciones de vida digna en contextos rurales y urbanos. Este es el caso de las luchas por proteger la laguna del Sonso y las movilizaciones de grupos ecológicos universitarios enfrentando la agroindustria, los monocultivos y las plantaciones forestales de multinacionales papeleras (en Tolima, Valle del Cauca y Risaralda). También se destacan las acciones por la defensa del Parque Tayrona a principios de los años setenta, el trabajo de organizaciones de pescadores artesanales por la protección de ciénagas y, en general, las marchas campesinas y los paros cívicos que proliferaron entre los años ochenta y noventa. A todo esto se sumó el auge de ONG ambientalistas de carácter popular en diversas regiones del país e, igualmente, las iniciativas de los movimientos y partidos políticos para promover la conservación o rechazar intervenciones destructivas de ecosistemas y medios de vida3.

Además del tiempo, las diferencias sociales inciden en la manera de entender los asuntos ambientales. Dependiendo de factores como el nivel educativo, la clase social, el contexto geográfico, el bagaje cultural o el acceso a la información, las personas entienden estos asuntos de manera distinta. Incluso algunas personas no reconocen su existencia o no los identifican como problemas.

Gracias al avance de la ciencia y al auge de debates públicos promovidos por periodistas y comunicadores, diversos sectores de la sociedad empezaron a reconocer nuevos problemas ambientales. La contaminación del aire, por ejemplo, hoy preocupa a muchos de los habitantes de centros urbanos o de asentamientos cercanos a centros de emisión como fábricas, enclaves mineros o botaderos de basuras. Pero estas personas bien pueden desconocer muchos otros problemas ambientales. La acidificación de los océanos, el blanqueamiento de los corales y la elevación del nivel de los mares, para mencionar algunos ejemplos, pueden no considerarse importantes por la mayor parte de los habitantes de zonas lejanas a las costas y las áreas marinas.

La gran diversidad cultural de nuestro país es un factor que marca profundas diferencias en la forma en que distintos grupos de la población comprenden o se ven afectados por los problemas y conflictos socioambientales. Según estadísticas oficiales vigentes, en Colombia existen más de 102 pueblos que se reconocen como indígenas, tres etnias diferenciadas de población afrocolombiana y una población Rrom de 11 kumpanias. Adicionalmente, un 30 % de nuestra población, distribuida en todas las regiones del país, se autoidentifica como campesina (DANE, 2020). Esta diversidad, y las diferentes relaciones que los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales, Rrom, campesinos y locales (INAPRRCL) tienen con sus territorios en diversos contextos bioculturales, pueden comprenderse cuando constatamos que en nuestro país se reconoce oficialmente la existencia de 68 lenguas (dos lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes, la lengua romaní y 65 lenguas indígenas) (DANE, 2010).

La manera de entender y vivir las relaciones entre los seres humanos y el mundo no humano varía fundamentalmente entre grupos sociales que poseen cosmovisiones y marcos culturales diferentes. En nuestro país, los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales, Rrom, campesinos y locales despliegan sistemas de conocimiento, prácticos y lógicos, que contrastan con las aproximaciones de las ciencias naturales y con las formas en que entienden la naturaleza y se relacionan con su entorno los habitantes de zonas urbanas.

Estos procesos de construcción social de los problemas ambientales nos remiten, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Quién considera que una situación es problemática? ¿Por qué se trata de un problema ambiental? ¿Para quién es un problema? ¿Cómo se entienden los problemas ambientales? ¿Qué papel desempeñan los seres humanos en la configuración de situaciones ambientales problemáticas? ¿Es un problema similar para todos? ¿Se pueden distinguir los problemas ambientales de los problemas socioambientales? ¿Es la ciencia la ruta para abordar “objetivamente” los problemas socioambientales? ¿Cuáles disciplinas son las llamadas a analizar este tipo de problemas (las ciencias naturales o las ciencias sociales)? ¿Son acaso los problemas socioambientales relativos a quien los perciba y los enuncie como tales?

Por mucho tiempo, y aún hoy, en muchos contextos se privilegió el tratamiento o la consideración de los asuntos ambientales como problemas puntuales relacionados con la contaminación, la deforestación y el tráfico de especies. Estos problemas se definen usualmente con información y argumentos de las ciencias naturales. Recientemente, sin embargo, la sociedad ha avanzado hacia la comprensión de la gran complejidad de los procesos socioambientales. Estos procesos involucran muchas variables y relaciones expresadas a diversas escalas, están sujetos a cambios en el tiempo, tienen expresiones simultáneas en distintos lugares e incluyen a múltiples actores o agentes sociales. Se trata, de nuevo, de procesos que los actores sociales involucrados experimentan y evalúan de maneras diferentes. Debido a esto, es común que se configuren y se enuncien a través de diversas narrativas y argumentaciones contrastantes (más allá de las de la comunidad científica y sus diversas disciplinas).

Hoy es común que académicos y especialistas empleen el concepto de sistemas socioecológicos para reforzar la idea de que los ecosistemas incluyen a los seres humanos y que, muchas veces, la agencia humana es determinante en la configuración de esos sistemas. Desde una perspectiva multidisciplinaria en la que se funden enfoques y conceptos de las ciencias sociales y naturales (lo que incluye, entre otras, a la antropología, la sociología, la historia, la ciencia política, la geografía, la economía, la biología, la ecología y otras ciencias de la tierra), se ha generalizado la noción de problemas socioambientale

Una aproximación periodística a los CSA implica una apuesta ética que conlleva un compromiso por contribuir a la comprensión y solución de graves problemas que afectan las condiciones de vida de nuestra sociedad.

Esta noción intenta hacer explícito el hecho de que estos problemas no se limitan a alteraciones o cambios producidos exclusivamente en las dinámicas “naturales” (referidas a especies y ecosistemas sin considerar la presencia o influencia de la actividad humana). Se reconoce que la mayor parte de los procesos ecológicos, y por tanto sus desajustes y los problemas que afectan a la sociedad y a la vida silvestre, se derivan de cambios en las relaciones entre los seres humanos y su medio biofísico.

Más recientemente, con el fin de enfatizar las relaciones de poder que subyacen a la dinámica de los sistemas socioambientales, se ha generalizado el uso del concepto de conflictos socioambientales. Hay varios elementos que permiten diferenciar los problemas ambientales de los conflictos socioambientales (ver Figura 1). En los primeros, si bien existe una afectación a un socioecosistema o a los elementos biofísicos que constituyen un territorio, no es evidente que exista una confrontación entre actores sociales en torno a lo que se considera problemático, que los afecte diferencialmente o que surja de la confrontación entre ellos. Los problemas ambientales usualmente se describen con base en el conocimiento disciplinar, mientras que los conflictos socioambientales se reconocen porque requieren aportes de diferentes disciplinas y formas de conocimiento para su comprensión.

En la siguiente sección se presentarán de manera detallada los elementos básicos de una definición de los conflictos socioambientales.

Figura 1: De problemas ambientales a conflictos socioambientales.

1Nos referimos aquí al imaginario de las sociedades occidentalizadas haciendo notar que, desde siempre, los grupos humanos con vínculos más directos con la naturaleza y dependencia más inmediata de sus contribuciones, han mantenido cosmovisiones y sistemas de conocimientos que hoy podrían ser considerados “ambientalistas”.

2Algunos hitos que marcaron nuestra noción de los problemas ambientales fueron los siguientes (Gafner-Rojas, 2018; Tobasura, 2003):
La publicación del libro La primavera silenciosa de Rachel Carson, que comienza a cuestionar el uso de pesticidas en la agricultura.
Las recurrentes disputas por la conservación o la ocupación de la sierra de La Macarena, declarada reserva natural desde el año 1948 y sucesivamente realinderada y redefinida en su naturaleza jurídica.
La creación en Colombia del Instituto de Recursos Naturales Renovables (Inderena) mediante el Decreto 2878 de 1968.
La publicación del informe Los límites del crecimiento (1972), liderado por Donatella Meadows, documento que lanzó una alerta en torno al uso de los recursos naturales y su carácter limitado frente al crecimiento poblacional e industrial, la contaminación y la producción de alimentos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente humano (1972), que llamó la atención sobre la necesidad de proteger el entorno en el que habitan los seres humanos con el fin de asegurar el bienestar y el goce de los derechos fundamentales.
La expedición, en nuestro país, del Código de Recursos Naturales mediante el Decreto 2811 de 1974.
La Conferencia de Estocolmo (1987), que lanza el documento Nuestro futuro común y populariza el concepto de “desarrollo sostenible”.
La Cumbre de la Tierra (1992), llevada a cabo en Río de Janeiro, que llamó la atención frente a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo y, en este sentido, hacer un uso racional de los recursos naturales para asegurar (también) el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

3Para un recuento de las luchas y debates del movimiento ambiental colombiano, ver Tobasura (2003).Ver, por ejemplo, Walter, M. (2009).


Múltiples definiciones y conceptos

En la literatura académica existen distintas aproximaciones a los conflictos socioambientales4. En parte por ello, se han adoptado diversas definiciones de conflicto socioambiental desde instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en distintas políticas y normas (PNGIBSE, 2012 y Resolución 2035 de 2018) o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, Corpoica, 2002). Cada una de estas definiciones tiene un alcance parcial. En general, ninguna involucra explícitamente dimensiones como las asimetrías de poder o el carácter histórico de los conflictos socioambientales. Esto es importante, dado que tanto la literatura académica como las organizaciones sociales y ambientales con posturas críticas profundizan en las asimetrías de poder y en la existencia de afectaciones desproporcionadas a los territorios y medios de vida de las poblaciones locales (injusticias ambientales) como unas de las principales características de los conflictos socioambientales (Martínez-Alier, 2008; Roa, 2020 y Rodríguez, 2020).

Para el Atlas de Justicia Ambiental (Ejolt)5, los conflictos socioambientales se definen como movilizaciones de las comunidades locales o movimientos sociales, que pueden incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales, en contra de actividades económicas particulares, tales como la construcción de infraestructura, disposición de desechos o contaminación, por lo que los impactos ambientales son un elemento clave de sus reclamaciones. Estos conflictos generalmente surgen de desigualdades estructurales de ingresos y poder… (y consideran) el derecho a participar en la toma de decisiones, el reconocimiento de visiones alternativas del mundo y la forma de entender el desarrollo. Los repertorios de acciones pueden incluir la presentación formal de reclamos, peticiones, reuniones, manifestaciones, boicots, huelgas, acciones legales, desobediencia civil, violencia colectiva, campañas internacionales y otras formas de acción. En el acto de reclamar redistribuciones, estos conflictos a menudo son parte de, o conducen a luchas más grandes de género, clase, casta o etnia.

Las acepciones antes expuestas evidencian el carácter político que tiene la adopción de una u otra definición de conflicto socioambiental. La forma en que se entiende el concepto está relacionada con la manera en que los actores lo abordan de acuerdo con los intereses que tienen y representan. En consecuencia, este documento propone abordar los conflictos socioambientales desde una postura ética y política que dé cuenta de las complejidades de los conflictos, teniendo en cuenta tanto las dimensiones históricas y ecológicas como las posturas, visiones, relaciones de poder y las estrategias de acción de los distintos actores vinculados (incluyendo aquellos que los documentan y los narran).

Definiendo los CSA: Elementos comunes

Aun cuando existen diferentes aproximaciones conceptuales a los CSA, es posible identificar elementos comunes que sirven de base para su caracterización. Estos elementos pueden resumirse de la siguiente manera

Afectación negativa o positiva (real o potencial) a la biodiversidad o a las contribuciones de la naturaleza a la sociedad
Un conflicto socioambiental involucra siempre afectaciones o transformaciones, reales o potenciales, causadas por la acción de un actor o grupos de actores a la base biofísica, a uno o varios recursos naturales (agua, aire, suelo, fauna, flora, entre otros), a procesos ecológicos vitales o a las contribuciones que brinda la naturaleza a la sociedad y que configuran un socioecosistema o un territorio6.

Confrontación entre actores
Para que un conflicto socioambiental se constituya como tal, la afectación a recursos vitales o a servicios ecosistémicos7 presentes en un territorio debe llevar a una confrontación entre actores sociales organizados (Toledo, 2011; Franco-Gastón, 2015) en el ámbito público (movilizaciones, protestas, tutelas, paros, acciones judiciales, etc.) y a diversas escalas (local, regional, nacional)8.

Los conflictos
socioambientales
como conflictos sociales

“(El) conflicto es una acción colectiva, es decir, una situación que implica la contraposición de intereses, derechos, perspectivas, racionalidades o lógicas.
Es un hecho social objetivo que surge
de discrepancias entre unos sujetos
–individuos, clases o etnias– en torno a la percepción y la comprensión de la realidad por cada uno, en su manera de figurarla o reinventarla. Es producto de una concepción del mundo, de la naturaleza y de los hombres, de la forma como estos últimos se relacionan, se organizan y entran en oposición”.

Guillaume Fontaine (2004)
Cambios en los sistemas de producción alteran profundamente las dinámicas socioecológicas y generan nuevos escenarios de conflicto. Búfalos en la vía Palermo-Sitionuevo. (Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena, 2013). Foto: Carlos Tapia

Como vimos arriba, este aspecto permite diferenciar un problema ambiental de un conflicto socioambiental. En el problema ambiental, si bien existe una afectación a un socioecosistema, a la biodiversidad o a los servicios ecosistémicos presentes en un territorio, no hay una confrontación entre actores en torno a lo que se considera problemático. La contaminación de un río es, por ejemplo, un problema ambiental, pero puede convertirse en un conflicto en el momento en que dos o más actores sociales tienen un desacuerdo sobre ese problema, se ven afectados, o alegan ser afectados, de manera diferente, y entran en disputa al reclamar sus intereses (Castro, 2018).

Distintas visiones, formas de uso y apropiación (material o simbólica) frente a los recursos naturales, la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a la sociedad por parte de los actores involucrados en el conflicto
Los actores en conflicto tienen diversos intereses y formas de apropiación (simbólica y material) de los recursos naturales y la biodiversidad en disputa, que entran en contradicción y que han sido construidos históricamente en función de la relación de estos actores con su territorio. Es el caso del conflicto de la explotación petrolera por parte de la empresa Oxy en territorio U’wa, en el nororiente de Colombia. En este conflicto se enfrentaron dos visiones distintas en torno a uno de los elementos en disputa: el petróleo. Para los U’wa el petróleo era considerado la sangre de la Madre Tierra, mientras que para la empresa Oxy era un recurso cuya explotación genera importantes ganancias económicas para la empresa, el Gobierno y la sociedad9.

Relaciones asimétricas de poder entre los actores involucrados
A menudo, en este tipo de conflictos se ven involucrados actores con diferentes grados de influencia a la hora de ejercer presión sobre las instituciones, capital político y económico, acceso a la información, legitimidad frente a lo que se considera conocimiento válido o especializado para la toma de decisiones, entre otros elementos. Un ejemplo de ello son los conflictos que se presentan en territorios habitados por comunidades campesinas a raíz del desarrollo de proyectos de infraestructura de interés nacional (como puertos, hidroeléctricas, entre otros).

Dimensión situada y multiescalar
Estos conflictos tienen lugar en territorios específicos, con características ecosistémicas y sociales particulares construidas históricamente, que involucran actores de distintas escalas (local, regional, nacional o internacional). Una característica común de los CSA es que los actores compiten por definir la escala del conflicto y, muchas veces, basan su estrategia en reducirla o ampliarla de acuerdo con sus intereses. En el conflicto que se presenta en torno al proyecto minero Quebradona, en el municipio de Jericó, por ejemplo, élites regionales, comunidades locales, autoridades territoriales municipales, la Iglesia, autoridades mineras y una empresa multinacional minera se enfrentan por la existencia de distintas visiones en torno al impacto (positivo o negativo) que puede tener una eventual explotación de cobre sobre la vocación agropecuaria de Jericó.

Dimensión temporal o histórica
Los CSA, al igual que los problemas ambientales, son dinámicos, cambian a lo largo del tiempo y se configuran a partir de las relaciones construidas históricamente por los distintos actores con sus territorios. Un ejemplo de esto es el conflicto en torno a la delimitación de Santurbán10, que se configura a partir de la confrontación entre distintas territorialidades construidas a lo largo del tiempo en función de las formas de manejo y control del páramo establecidas por los habitantes de la zona, el Estado y los mineros.

Políticas, normas, programas o jurisprudencia en que se inscribe el conflicto
Estos conflictos se inscriben en contextos normativos y jurisprudenciales que establecen reglas para la apropiación de los recursos naturales, la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza en disputa. En el marco del conflicto, estos contextos pueden ser leídos por los actores involucrados como elementos que favorecen a uno u otro actor, incidiendo así en las asimetrías de poder. Un ejemplo de lo anterior puede verse en el conflicto por la delimitación del páramo de Sumapaz, que en su etapa más reciente se ha configurado a partir de (entre otras) la expedición de resoluciones, leyes y jurisprudencia como la Ley de Páramos.

Preguntas claves para entender los CSA

Aproximarse al cubrimiento periodístico desde el enfoque de los CSA es una apuesta práctica, una invitación y un compromiso para profundizar en la dimensión de “poder” que subyace a los problemas ambientales.

Desde un enfoque basado en CSA debemos hacer preguntas diferentes para interpretar, por ejemplo, las dinámicas de transformación acelerada de nuestros ecosistemas y la pérdida de diversidad biológica. Debemos poner una lupa distinta sobre situaciones que afectan a la naturaleza o al ambiente y reflexionar alrededor de preguntas que aporten a la identificación, caracterización y análisis causal de los problemas socioambientales. Debemos, entonces, indagar lo siguiente:

  • ¿Qué territorios, ecosistemas o recursos están en juego?
  • ¿Quiénes son los actores sociales involucrados?
  • ¿Cómo participan en el conflicto? ¿Cuáles son sus percepciones sobre el mismo y qué intereses defienden?
  • ¿Cómo ha evolucionado el CSA en cuestión y la posición de los actores involucrados? ¿Quiénes son responsables de la agudización o transformación positiva del conflicto? ¿Cómo se ha avanzado en el tratamiento del conflicto?
  • ¿Qué afectaciones concretas han sufrido los territorios y las personas como consecuencia del conflicto?

Algunas razones por las que políticas, programas y proyectos pueden generar o agudizar conflictos socioambientales

  • La imposición de políticas sin participación local (desconociendo principios o derechos establecidos en distintos cuerpos normativos).
  • La falta de armonización o coordinación entre instituciones, cuerpos normativos y entes administrativos.
  • El desconocimiento o la inadecuada consulta a todos los actores involucrados (incluyendo el respeto de diferencias culturales, cosmovisiones, valores, conocimientos y prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales).
  • Los procesos de planificación descoordinados (entre sectores y dentro de entidades del mismo sector).
  • La falta de divulgación pública de información clave referida a las intervenciones y sus impactos (desconocimiento de derechos de acceso a la información).
  • La poca capacidad institucional (expresada en falta de recursos económicos, personal, conocimiento, equipos e infraestructura).
  • La inexistencia de programas de evaluación y monitoreo adecuados y participativos.
  • La inexistencia de mecanismos o instancias de resolución, manejo o tratamiento de conflictos.

(Adaptado de FAO, 2000).

En lo que sigue, incluiremos elementos para ayudar a identificar y caracterizar los CSA a partir de las anteriores preguntas. Estos elementos sirven como guía para el trabajo periodístico, pero no son una hoja de ruta perfecta. El orden de las preguntas puede variar y las respuestas de una u otra pueden depender de las respuestas de las demás.


4Temper, L.; Del Bene, D. y Martinez-Alier, J. 2015. Atlas de Justicia Ambiental.

5Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (Icta), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Recuperado de https://ejatlas.org/

6Para efectos de este documento, los dos términos son intercambiables.

7El término servicios ecosistémicos procede de una metáfora de las ciencias económicas que plantea que los ecosistemas brindan servicios a la sociedad que pueden ser clasificados al menos en tres categorías: servicios de regulación, servicios de provisión y servicios culturales (Tapia, C. et ál., 2015).

8Es importante resaltar que, en muchos casos, el Estado en sus diferentes expresiones forma parte activa en la existencia de los CSA, pues la implementación de políticas, programas y proyectos que se concretan en intervenciones en los territorios contribuye con su emergencia o agudización.

9Salazar, H. (25 de junio de 2009). Los U’wa contra las petroleras. BBC.com/mundo Recuperado el 20 de mayo de 2020 de https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/06/090624_especial_indigenas_colombia

10Ver, por ejemplo, Basto-Torrado, S. P. (2017).


¿Qué territorios, ecosistemas o recursos están en juego?

Como se mencionó anteriormente, para dar cuenta de los conflictos socioambientales es importante identificar los elementos naturales o recursos en disputa y establecer qué sectores productivos se encuentran asociados al conflicto (agropecuario, infraestructura, energía fósil, fumigación, generación de energía, minería, residuos sólidos, etcétera). De este modo se puede, a su vez, dar cuenta de cuál es la afectación a los recursos comunes, la biodiversidad o a las contribuciones que esta presta a distintos sectores de la población.

Aproximarse al cubrimiento periodístico desde el enfoque de los CSA es una apuesta práctica, una invitación y un compromiso para profundizar en la dimensión de “poder” que subyace a los problemas ambientales.


¿Quiénes son los actores sociales involucrados en los CSA?

Los CSA involucran distintos tipos de actores sociales. Es fundamental precisar cuáles son esos actores y qué tipo de participación han tenido en la configuración del conflicto. Por tal razón, es útil hacer un mapa de actores que sirva de base para la identificación y para hacer un análisis más detallado del CSA en cuestión. Esto implica identificar, entre otras, a las entidades públicas, las autoridades, las empresas, las organizaciones sociales y a las agencias que han estado involucradas (por acción u omisión) en el conflicto.

Consideremos el conflicto por el proyecto minero La Colosa, en el Tolima:

La Empresa Multinacional Minera Anglo Gold Ashanti (AGA) llevaba a cabo actividades de exploración en el municipio de Cajamarca con la intención de determinar el potencial geológico de oro de la zona y pasar a fase de explotación. Frente a esta pretensión, las comunidades locales y sectores de la población de la región, incluidos los pobladores de Ibagué, se opusieron por considerar que la eventual explotación aurífera afectaría las actividades agropecuarias de la zona, las fuentes hídricas, las áreas de páramo y los bosques altoandinos. Acudiendo a una consulta popular, la población del municipio rechazó la ejecución de proyectos mineros en su territorio con el 97 % de los votos. El Comité Ambiental y los ciudadanos del municipio alegaron la necesidad de conservar el páramo y las fuentes de agua de la zona, que consideran como una despensa agrícola del país.
El área en la cual está localizado el proyecto La Colosa es una “zona de alta importancia ecosistémica, toda vez que gran parte del área del Municipio hace parte de la reserva forestal central creada por la Ley 2 de 1959, en la cual se mantiene una importante riqueza de biodiversidad. Además, se encuentra en el cañón de Anaime, entre los ríos Anaime y Bermellón, que aguas abajo confluyen formando el río Coello, el cual contribuye al abastecimiento de agua de algunos municipios. Es también una importante zona de producción agrícola, por lo cual se le denomina la Despensa Agrícola de Colombia” (Picón-Arciniegas, 2014, p. 42).
La Tabla 1 ilustra la construcción de un mapa básico de actores involucrados en el CSA relacionado con el proyecto La Colosa.

El mapa, como se puede ver, incluye las siguientes categorías11:

Nombre del conflicto (ubicación)
Inicialmente se emplea una denominación temporal que debe ajustarse cuando el CSA esté mejor caracterizado.

Actor(es) social(es)
Corresponde al nombre de los actores involucrados en el conflicto. Busca responder la pregunta: ¿cuál es el nombre del actor? Como actores sociales se entienden los grupos, empresas o instituciones de gobierno, movimientos, partidos políticos, iglesias, gremios, agencias de cooperación, agencias multilaterales, entre otros, que tienen una identidad reconocida y actúan con arreglo a fines o propósitos comunes en la esfera pública.

Tipo(s) de actor(es)
Establecer la naturaleza jurídica o social del actor (público, privado) y la escala o nivel de su actuación.

Descripción del actor
Caracterización del actor en función de las actividades que desarrolla o ha desarrollado en la zona en que se manifiesta el conflicto y en el país. Busca responder las preguntas: ¿quién es el actor? y ¿qué acciones ha llevado a cabo en el territorio o asunto en disputa?

Percepción(es) frente al conflicto
Identificación y descripción de los argumentos con los cuales el actor valida ante los demás su posición frente al conflicto. Busca responder la pregunta: ¿cómo entiende el conflicto el actor y cuáles son sus principales argumentos?

Nueva Venecia, pueblo palafítico de la Ciénaga Grande de Santa Marta, escenario de una masacre de paramilitares al mando de Jorge 40, que en noviembre del año 2000 produjo más de 30 muertes y el desplazamiento de casi toda su población. Foto: Carlos Tapia

Gloria Amparo Rodríguez (2020) propone un esquema (Figura 2) que puede ser una guía para identificar la diversidad de actores sociales que pueden estar involucrados en un CSA. También propone una base para “mapear” ese conjunto de actores, la relación de cada uno con un conflicto específico y las relaciones entre actores sociales.

Ahora bien, teniendo en cuenta el mapa de actores elaborado, es necesario profundizar y analizar a partir de fuentes primarias y secundarias las siguientes preguntas:

  • ¿Cuáles son las percepciones entre los actores involucrados en el conflicto?
  • ¿Qué contradicciones o ambigüedades se perciben en la forma de actuar de los diversos actores?
  • ¿Cuáles son las relaciones de poder entre estos actores?
  • ¿Quién tiene acceso a medios nacionales de comunicación, lobby y toma de decisiones?

Así mismo, es importante tener en cuenta que el mapa de actores que se elabora en el momento de documentar un conflicto es una “fotografía” de los actores en un momento dado. En ese sentido, también es importante preguntarse:

  • ¿Cómo ha evolucionado el conflicto a lo largo de los años?
  • ¿Cómo han cambiado las posiciones de los actores involucrados?

Estas preguntas permiten entender no solo las transformaciones en el recurso o los recursos en disputa, sino la reconfiguración de las relaciones entre los distintos actores y las estrategias a las que han recurrido para movilizar y posicionar sus visiones e intereses a lo largo del desarrollo del conflicto.


11Para el caso de un trabajo periodístico, se recomienda incluir las fuentes consultadas para su diligenciamiento.


¿Cómo evolucionan los CSA en el tiempo (dimensión histórica)?

Los conflictos cambian en el tiempo y es necesario definir la escala temporal del análisis que hagamos de los mismos. Esto es importante, ya que, en distintos contextos, los cambios pueden darse de maneras diversas e impredecibles. En esa medida, es útil acoger un modelo ideal para guiar la caracterización y documentación del conflicto.

Figura 2: Actores del conflicto ambiental (Rodríguez, G. A., 2020).

A continuación se propone un esquema básico (Figura 3) que plantea las fases típicas de los CSA. Por supuesto, no siempre todos los conflictos pasan por todas las fases y estas no deben considerarse siempre en un sentido lineal, pues, como ya se dijo, en muchos casos puede haber retrocesos o cambios inesperados.

La Figura 3 representa la evolución de los CSA y plantea que, de manera general, partimos de una situación inicial de cambio o impacto ambiental. En esta etapa se plantea que, debido a actividades humanas, se transforma el entorno natural y las relaciones sociales con el medio biofísico. Esta es la fase de formación temprana de los conflictos socioambientales.

Figura 3: Modelo de evolución de los conflictos socioambientales (elaboración propia).

La siguiente etapa es la del surgimiento de un problema socioambiental. En este momento se reconoce la existencia de un problema que afecta el medio biofísico y la vida de las personas, pero no se toman acciones o medidas al respecto.

Posteriormente, se presenta la etapa de movilización social. Esto sucede cuando se da un reconocimiento más profundo de los efectos diferenciados entre los distintos actores sociales involucrados e inicia un proceso de escalamiento de una futura confrontación. En esta fase surge un distanciamiento entre actores y se definen de manera más clara los variados intereses y posiciones de los actores en el ámbito público.

Tras lo anterior, sigue la etapa del conflicto socioambiental propiamente dicho. Es un momento de inflexión, de crisis y de confrontación en el que las partes buscan imponer sus perspectivas sobre el conflicto, sus posiciones y sus intereses. Las expresiones públicas (demandas, protestas, movilizaciones) tienen un carácter confrontacional y los actores sociales no solo reivindican sus pretensiones y argumentan sus derechos, sino que también hacen señalamientos de responsabilidades a las otras partes.

Como consecuencia de esta confrontación abierta se llega a la etapa de transformación del CSA. En esta fase se redefinen los términos del conflicto, las relaciones entre los actores y pueden encontrarse rutas alternativas a través del diálogo para la construcción de nuevos acuerdos. Hay cambios en las relaciones que establecen los actores y cambios en las agendas, expectativas o demandas de los mismos.

La etapa de transformación del CSA puede derivar en dos rutas diferentes. Por un lado, está el desescalamiento del CSA. En esta etapa, por iniciativa propia o con la ayuda o mediación de terceros, se reduce la tensión y se establecen estrategias de diálogo, participación y cooperación que conducen a acuerdos y a una transformación positiva del CSA. Esta etapa también puede alcanzarse cuando una de las partes impone su voluntad y logra “controlar” (al menos temporalmente) el conflicto y desmovilizar a la (o las) contraparte(s).

Las comunidades ribereñas enfrentan conflictos por el desconocimiento de sus medios de vida anfibios. A lo largo y ancho del país se tejen disputas por el acceso y control de los ríos y humedales. (Brazo de Mompós, río Magdalena, 2012). Foto: Carlos Tapia

Por otro lado, está la agudización del CSA. En esta etapa el conflicto se profundiza y se expresa en vías de hecho con señalamientos, persecución o ejercicio de violencia simbólica o material. Esto último puede incluir instancias de confrontación violenta e imposición por la fuerza (sea física o por coacción legal) de condiciones indeseadas para una de las partes; el afianzamiento de asimetrías estructurales y desequilibrios de poder, y la configuración de los conflictos que persisten por largos periodos (usualmente con el aval o el apoyo de actores institucionales o gobiernos locales y regionales).

El modelo propuesto es una aproximación general que debe desarrollarse precisando cuál es la ventana temporal del análisis y qué eventos específicos han tenido lugar en cada etapa o fase. Específicamente, es importante indagar sobre acciones concretas (manifestaciones, marchas, reuniones, demandas, acciones judiciales, etc.) que se han llevado a cabo y que permiten construir adecuadamente una línea de tiempo del CSA analizado.

Una vez que se haya identificado y caracterizado de forma general un CSA es necesario plantear las siguientes preguntas:

  • ¿Qué acciones concretas se han desarrollado para desescalar o evitar la agudización de ese conflicto?
  • ¿Quién ha adelantado estas acciones?
  • ¿Qué consecuencias han tenido esas acciones o procesos desarrollados?

Las respuestas a estas preguntas y a todas las anteriores permiten comprender las etapas por las que ha pasado un determinado CSA. Esta comprensión es necesaria para luego poder analizar, sintetizar e informar a las audiencias sobre dicho conflicto. Tener el panorama claro es lo que hace posible narrar la historia de un CSA de manera eficaz, sin sobresimplificar e incluyendo matices y complejidades que la componen.

Las grandes desigualdades sociales, la falta de acceso a la información, la limitada participación y la falta de justicia en materia ambiental constituyen barreras para impulsar acuerdos y transiciones hacia una mayor sostenibilidad social y ecológica.


Tratamiento periodístico de los CSA

Gran parte de la información disponible para la identificación y caracterización de los CSA proviene de fuentes periodísticas o de la divulgación pública que se hace en redes sociales. Debido a esto, es preciso que los periodistas realicen una revisión de la información generada por otros medios. Esto permitirá no solo recopilar datos relevantes para el posterior empleo en nuevos trabajos, sino también indagar y valorar de manera general el tratamiento dado a los conflictos por la gran prensa, por otros medios de comunicación regionales y locales, y por plataformas de comunicación de entidades públicas o privadas y organizaciones sociales. Esta actitud reflexiva y (auto)crítica permite mejorar notablemente el trabajo periodístico, enfatizar los aportes novedosos y hacer explícito el posicionamiento del responsable del mismo.


Posibilidades y retos

Como se ha hecho evidente, el tratamiento de los CSA implica el reconocimiento de múltiples agencias y relatos que determinan su configuración y la forma en que evolucionan en el tiempo. Por tal motivo, es evidente que el periodista debe procurar llevar a cabo su trabajo empleando múltiples fuentes y testimonios directos de los actores sociales claves. Así mismo, debe buscar información secundaria que permita contrastar las diferentes visiones y posicionamientos frente a los asuntos en disputa. Se trata de combinar variadas fuentes con el fin de respetar la naturaleza compleja (multideterminada) y cambiante de los CSA. No sobra decir que los testimonios o historias de vida de los protagonistas de los CSA resultan vitales, pues permiten evidenciar la trayectoria histórica de los mismos y son de gran apoyo para ayudar al público a tener una actitud comprensiva sobre las motivaciones e intereses de los diferentes actores en disputa.

En algunos casos el empleo de información gráfica (infografías) y mapas es fundamental para dar cuenta de la expresión compleja, multitemporal y espacial de los CSA. Este tipo de narrativas gráficas son cada vez más centrales en el trabajo periodístico. Al desplegarse junto con narrativas convencionales de texto escrito, audio o video12 pueden contribuir a facilitar la comprensión pública de elementos básicos del CSA.


12Ver, por ejemplo, Radio Ambulante (2011-presente). (Podcast). “Disparos al cielo: Una fábrica quiso controlar la naturaleza”. Publicado 14 de abril de 2020. Google Podcasts https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL2ZlZWRzLnBvZHRyYWMuY29tL1NXWTF4NnZYWlZGSg&episode=NjRkODNiMzAtNzRmZi00YjQ5LWE5OTItMmJiZDI3NDY3OTI4


Fuentes para el tratamiento de los CSA

Como se ha mostrado en este capítulo, definir, identificar, comprender y, por ende, tratar periodísticamente los CSA, es un asunto que reviste una enorme dificultad por la falta de certezas sobre los problemas tratados y los riesgos implícitos (políticos, económicos, sociales, entre otros) que puede acarrear.

Así, una pregunta fundamental que debe plantearse el periodista es la siguiente:
¿Cuáles son o deberían ser las mejores fuentes para el tratamiento periodístico de los CSA?

Por fortuna, existe una variada gama de entidades, organizaciones y colectivos que de manera permanente hacen un seguimiento de los diversos conflictos, desde sus manifestaciones más tempranas.

Si bien las clasificaciones siempre pueden resultar subjetivas e incompletas, una rápida lista para el análisis y seguimiento de los CSA incluye: i) entidades gubernamentales con competencia directa en su gestión, ii) grupos académicos de investigación, iii) observatorios y colectivos, iv) iniciativas de diálogo, v) mesas de interlocución creadas por ley y vi) jurisprudencia en la materia (ver Lista de fuentes).


CSA y acuerdos para el futuro

Las dinámicas o procesos de cambio socioambiental son parte de la historia del planeta, se expresan de múltiples formas en distintas escalas temporales y territoriales, y usualmente involucran dimensiones de poder y conflictos sociales. Las diferentes relaciones socioecológicas que dan origen a estas trayectorias de cambio involucran a todos los seres vivos –incluidos los seres humanos– y, crecientemente, son objeto de análisis de especialistas que trabajan en disciplinas que centran su trabajo en el estudio de las interacciones entre los seres humanos y el mundo no humano, en los asuntos ambientales y en la biodiversidad en sus diferentes niveles (desde genes hasta especies, comunidades bióticas, ecosistemas y paisajes). Las características de esos cambios y los factores que dan estabilidad o se expresan como alteraciones de los sistemas socioecológicos son el centro de atención de las llamadas ciencias de la sostenibilidad, que agrupan un conjunto de disciplinas de las ciencias naturales y sociales. La manera de impulsar transiciones socioecológicas hacia estados socialmente deseados es objeto de estudio de académicos y planificadores, que reconocen que las instituciones sociales cada día determinan más el futuro de la vida en la Tierra.

Cada día se hace más evidente la gravedad de las grandes transformaciones que se están dando en las condiciones de vida del planeta, debido al cambio climático (ver capítulo: El clima está cambiando, ¿y nosotros?), a la acelerada pérdida de biodiversidad (ver capítulo: El valor de la biodiversidad) y a diversas y profundas alteraciones en los ciclos ecológicos, consecuencia de la acción humana en variados contextos. También se hace evidente que debemos intervenir con urgencia para modificar estas trayectorias indeseadas de cambio. No obstante, las grandes desigualdades sociales, la falta de acceso a la información, la limitada participación y la falta de justicia en materia ambiental constituyen barreras para impulsar acuerdos y transiciones hacia una mayor sostenibilidad social y ecológica.

La Guardia indígena de las comunidades del norte del Cauca enfrenta la responsabilidad de salvaguardar territorios disputados y velar por el ejercicio de autoridad en cabeza de sus líderes. Todo esto en un marco en el que aún no se consolida un modelo de pluralismo jurídico en materia socioeconómica, política y ambiental. Representante de la Guardia Indígena, Jornada del Paro Nacional. (Bogotá, Diciembre 4 de 2019). Foto: Carlos Tapia

¿Puede el periodismo cambiar la forma en que se desarrollan los conflictos socioambientales?

El abordaje de los conflictos socioambientales no busca su resolución, ya que los CSA no son simplemente situaciones negativas que deben desaparecer. Quienes trabajan en torno a conflictos socioambientales coinciden en que lo que se busca no es eliminarlos, sino transformarlos, en la medida en que los conflictos son inherentes al desarrollo de las relaciones sociales y oportunidades para el cambio positivo de las relaciones entre los actores sociales involucrados (ver capítulo: Narrativa para la acción).

El periodismo tiene un papel clave en la promoción y tratamiento de los CSA. La comprensión y el tratamiento adecuado de los CSA son la base para promover la justicia ambiental y la sostenibilidad, por medio del diálogo y de la construcción de acuerdos. En esa medida, el enfoque de transformación es la apuesta para la gestión de los conflictos socioambientales. Y el periodismo tiene mucho que aportar en este propósito.

La forma en que se documenta el conflicto socioambiental en los medios de comunicación incide directamente en su transformación, pues puede ayudar a visibilizar las asimetrías de poder entre los actores, las distintas visiones involucradas en el conflicto, o mantener el statu quo del contexto en el que se desarrolla el conflicto.

Algunas recomendaciones finales

  • El periodismo sobre CSA no debe considerarse un subgrupo de los temas ambientales. Más bien, debe entenderse como un enfoque o aproximación para el cubrimiento de asuntos ambientales.
  • Es importante distanciarse de miradas ingenuas que “hagan la vista gorda” en materia de intereses o posicionamientos de involucrados en problemas ambientales. No obstante, es necesario ser precavidos para no construir conflictos o “volver conflicto lo que no es”.
  • En el cubrimiento de temas ambientales debe ser explícito el punto de vista del periodista como narrador. Precisar desde dónde habla (el lugar de enunciación) como base de su rigor (de su “objetividad”).
  • El cubrimiento de CSA responde a la función social del periodismo. Ese compromiso (o apuesta política) debe ser explícito.
  • El periodismo ambiental no puede ser ingenuo frente al papel de la ciencia y los científicos, sus visiones y los aportes que se hacen desde el campo académico para la comprensión o tratamiento de los problemas ambientales y CSA. Los científicos tienen posicionamientos políticos, agendas e intereses que se reflejan en el tipo de conocimiento que generan y la forma en que lo comunican. Las disputas por la validez del conocimiento forman parte de los CSA.
  • El periodismo ambiental tampoco puede ser ingenuo frente a afirmaciones y reclamos de organizaciones, personas, entidades, autoridades o empresas que también tienen agendas e intereses en juego.
  • El periodismo ambiental debe esforzarse por entender las dimensiones ecológicas de los CSA que ocurren en territorios específicos y combinarlos con información relevante de aspectos económicos y políticos.

Referencias

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Prólogo

Un llamado a las palabras

Santiago Wills
Bogotá, 1 de septiembre de 2020

El 1 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, un hombre de 70 años que sufría de alzhéimer empezó a sentirse extrañamente decaído. El hombre, que por su enfermedad rara vez salía de casa, pronto desarrolló fie­bre y problemas respiratorios. Preocupados, sus familiares lo llevaron a un hospital de la ciudad, donde su condición empeoró. Para el 29 de diciembre, dos días antes de que China alertara a la Organización Mundial de la Salud sobre un atípico cúmulo de casos de neumonía en Wuhan, el hombre fue tras­ladado al principal hospital de la ciudad. Allí, los médicos lo diagnosticaron con la enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus, el mismo que en ese momento afectaba a por lo menos 40 ciudadanos más.

De acuerdo con The Lancet, el hombre con alzhéimer habría sido el primer caso reportado de COVID-19 en todo el mundo. La información, sin embargo, no es conclusiva: según The South China Post, las autoridades chinas habrían identificado a un hombre de 55 años de la provincia de Hubei como el pri­mer infectado. El hombre habría mostrado los primeros síntomas hacia el 17 de noviembre de 2019, según documentos gubernamentales a los que habría accedido el diario. Ninguno de los dos hombres, no obstante, habrían visitado el mercado húmedo de la ciudad de Wuhan, el presunto lugar de inicio de la pandemia hasta hace un par de meses.

Hoy, mientras escribo el prólogo de esta guía, persisten las dudas sobre el origen preciso del virus SARS-CoV-2 y sobre la cadena exacta que ha causado una parálisis generalizada de la economía mundial, una transformación social quizá solo comparable con el de una de las grandes guerras y, hasta el momen­to, más de 848 000 muertes, 19 663 de ellas en Colombia, en todo el planeta.

Como en toda gran tragedia, las teorías de la conspiración abundan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguramente motivado por racismo o cuestiones electorales (que a su vez dependen del racismo de sus electores), responsabilizó a un laboratorio de virología en Wuhan y al go­bierno chino de la pandemia. China, por su parte, y seguramente por moti­vos semejantes, culpó a militares estadounidenses de haber llevado el virus a Wuhan. Entre tanto, en las cloacas de Internet se habla de armas biológicas, estrafalarias maquinaciones de Soros o ridículas tramas supuestamente idea­das por Bill Gates para controlar el mundo por medio de vacunas.

La verdad, aunque más prosaica, es tal vez más perturbadora. Según estu­dios publicados en la revista Nature, lo más probable es que el virus empezó en un murciélago, saltó a otra especie animal, al parecer un pangolín ilegalmen­te llevado a Asia, y de ahí pasó a los humanos, donde mutó hasta alcanzar la forma letal que se detectó por primera vez en Wuhan. La historia de la actual pandemia, en ese sentido, implica deforestación, tráfico ilegal de especies y comportamientos relacionados con el consumo que inciden directamente en la probabilidad de la aparición de enfermedades zoonóticas como el COVID-19. La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológi­ca y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) un organismo creado en el marco de las Naciones Unidas, resume los hechos de la siguiente manera: “Hay una única especie que es responsable por la pandemia de COVID-19: nosotros”.

La responsabilidad no es meramente sanitaria, económica o cultural; el componente más importante está relacionado con problemáticas so­cioambientales. Así como lo afirma el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP) el cambio climático, la demanda de productos de ani­males salvajes y las alteraciones del suelo han contribuido a la proliferación de enfermedades zoonóticas como el dengue, el zika y el chikunguña.

Para quienes no vivieron las guerras mundiales del siglo pasado, el coro­navirus pareciera ser el desafío más grande al que se ha enfrentado la huma­nidad. No lo es, ni siquiera para quienes sobrevivieron a esos dos conflictos. El medioambiente es el gran desafío y la gran historia de nuestro siglo. Atraviesa desde la pandemia del coronavirus hasta los planes de recuperación económi­ca que inevitablemente impulsarán los gobiernos una vez que aquella termine. Atraviesa nuestra cultura, la manera como nos comportamos socialmente, la política y cada decisión que los líderes de cada país tomen en el futuro.

Como especie, nos jugamos la supervivencia del planeta tal y como lo conocemos (y posiblemente la nuestra) en lo que queda de este siglo. Si el statu quo se mantiene, el planeta será irreconocible en poco tiempo. El calentamiento global parece haber sido la causa de las cinco extinciones masivas de la historia del planeta y, a menos que hagamos algo, el resul­tado de las condiciones actuales puede ser similar. Un análisis de la Uni­versidad de Arizona encontró que una de cada tres especies de plantas y animales podría extinguirse para 2070 y un informe del IPBES halló que por lo menos un millón de especies se encuentran en riesgo de desaparecer. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Colombia podría perder el 30 % de su biodiversidad.

El aumento en la temperatura ha incrementado el número y la fuerza de fenómenos climáticos extremos como los huracanes, las inundaciones y los incendios forestales, de acuerdo con varios estudios. Países, regiones y ciudades costeras como Cartagena o Santa Marta se encuentran en riesgo de ser cubiertas o gravemente afectadas por la elevación de los océanos. En la Antártica, algas microscópicas han empezado a colonizar el espacio antes ocupado por el hielo, según biólogos de la Universidad de Cambridge.

A pesar de los millones de historias y notas sobre el tema, los periodistas, tanto en Colombia como en el resto del mundo, hemos fallado a la hora de transmitir la urgencia de la situación. Infelizmente, hemos tardado años en darnos cuenta de que no basta con repetir números, citar reportes o buscar un supuesto balance informativo que los hechos no reconocen. Salvo impor­tantes excepciones, no logramos ir más allá de lo general para conmover a las audiencias y promover transformaciones. Aún peor, durante décadas menos­preciamos o ignoramos el cubrimiento del medioambiente, como si se tratara de un tema blando, ajeno a todos los demás.

La presente guía pretende cambiar ese modo de pensar. El periodismo ambiental merece un lugar decisivo en cualquier agenda informativa. Por lo mismo, no basta con seguir produciendo las mismas historias de siempre. Necesitamos afinar conceptos, técnicas y temas. Sea que llevemos cubriendo esta fuente toda la vida o que apenas estemos empezando, debemos revisar nuestras estrategias para subsanar errores, complejizar nuestras miradas y mejorar el alcance de nuestras historias.

Esta guía busca ofrecer instrumentos justamente para eso. Cuenta con cinco capítulos escritos por expertos en el área y por periodistas con una larga trayectoria cubriendo, reporteando y pensando el medioambiente. Cada uno de ellos refleja la voz particular de los autores y se enfoca en uno de los temas principales que competen al periodismo ambiental en Colombia.

En el primer capítulo, Claudia María Villa García y Carlos Hernando Tapia Caicedo, del Instituto Humboldt, exponen el concepto de conflicto socioambiental (CSA) y cómo un enfoque a partir de esta noción puede ayudar a definir, estructurar y desarrollar investigaciones periodísticas capaces de lograr transformaciones positivas en Colombia. Los autores enfatizan la diferencia entre los problemas y los conflictos para finalmente mostrar cómo el cubrimiento nacido de la comprensión y la complejidad de los CSA responde a la función social del periodismo.

La periodista Tatiana Pardo escribe en el segundo capítulo sobre los nue­vos espacios que se abrieron para el periodismo ambiental luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. A través de anécdotas, experiencias de reportería y una serie de preguntas a diferentes investigadores y autoridades, la autora trata algunos de los nuevos caminos que se abren en el posacuerdo y los principales temas que no debemos perder de vista: el territorio como víctima de la guerra, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la Reforma Rural Integral y los líderes ambientales. El tema lo cierra una entrevista sobre el Acuerdo de Paz a Juan Bello, jefe de la Oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

El tercer capítulo, a cargo de la periodista Angélica María Cuevas, se concentra en el cambio climático y en cómo diferentes medios en Inglaterra y Estados Unidos han modificado su lenguaje para responder a la situación crítica que vivimos. Como respuesta a esas iniciativas, la autora incluye una serie de propuestas para cambiar la forma tradicional como se trata y se realiza el periodismo ambiental en nuestro país. El capítulo finaliza con una entrevista a Viviana Londoño, coordinadora de Opinión Pública e Incidencia de WWF Colombia, sobre cómo mejorar el cubrimiento de los espacios de negociación internacional.

En el cuarto capítulo, el periodista Antonio Paz escribe sobre la biodi­versidad. En un país megadiverso como Colombia y en medio de la coyuntu­ra del COVID-19, este tema tiene una importancia especial. El autor resalta lo anterior, define el concepto y consulta a periodistas y científicos para hablar sobre las dificultades y los retos de hacer notas periodísticas sobre biodiversidad en nuestro país. Al final del capítulo, una entrevista con María Guiomar Nates Parra, experta en abejas de la Universidad Nacional de Colombia, es un buen ejemplo de cómo se debe trabajar una de estas historias.

Finalmente, en el último capítulo, la periodista Natalia Borrero se sirve de ejemplos, entrevistas y análisis para explicar la técnica del periodismo de solu­ciones y por qué es necesaria para la situación que vivimos. La autora no solo se apoya en renombrados periodistas para argumentar lo anterior; también recurre a psicólogos y utiliza estudios de neurociencia para mostrar cómo el cerebro reacciona ante las noticias catastrofistas y las notas de periodismo de soluciones.

Como un todo, la guía es una hoja de ruta o una caja de herramientas para que los periodistas hallemos una forma de probar que el contenido ambiental va más allá de las fotos de animales, los titulares alarmistas y las cifras desprovis­tas de contexto. Ya hemos perdido suficiente tiempo y hoy el tiempo es corto.

Según estudios recientes, se espera que 2020 sea el año con las tempe­raturas promedio globales más altas desde que se lleva un registro. Incluso con el respiro que nos ha dado la pandemia actual –las emisiones de gases de invernadero anuales se reducirán alrededor de un 8 %, de acuerdo con los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía–, las probabilidades de que lo anterior suceda son de alrededor del 75 %. Y lo más probable es que el récord se siga batiendo año tras año.

Los pronósticos son sombríos, pero no por ello hay que desistir. La emer­gencia por el coronavirus ha mostrado que el periodismo es capaz de impul­sar cambios en comportamientos a gran escala, que las personas son capaces de transformar sus conductas y que los gobiernos, así sea por corto tiempo, son capaces de cooperar y poner los intereses comunes por encima de los intereses económicos de las grandes empresas.

Esperamos que esta guía ayude a promover una revolución similar en to­das las esferas atravesadas por el medioambiente. Ojalá surjan nuevas his­torias, nuevas investigaciones y nuevas formas de contar lo que se vive en el país. Para citar a la poeta norteamericana C. D. Wright, que esta guía sea “un llamado a las palabras”, un anuncio y una invitación.

Presentación KAS

Un mapa periodístico para navegar las inquietas aguas de los temas medioambientales en Colombia

Stefan Reith, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer

Colombia es un país privilegiado en términos de recursos naturales. Cuenta con una gran riqueza no solo en su subsuelo, sino también en su biodiversidad, sus fuentes hídricas y su gran variedad de climas y ecosistemas tanto en su territorio continental como en su territorio marítimo. Infortunadamente, el acceso a estos recursos, su administración, su uso adecuado y sostenible, y su protección han sido procesos que se han visto atravesados por importantes retos y frustraciones. El dramático panorama que han significado el desarrollo del conflicto armado colombiano, la presencia de grupos armados ilegales, bandas y mafias dedicadas al tráfico de narcóticos, a la minería ilegal y al tráfico ilegal de especies vegetales y animales se suma al problema estructural del déficit de presencia estatal en grandes extensiones del territorio nacional y a la ausencia de una muy necesaria política medioambiental integral eficaz y que garantice una mayor sostenibilidad.

El país todavía no cuenta con un sistema eficiente de manejo de residuos industriales y desechos ordinarios, lo cual ha contribuido a la contaminación de fuentes hídricas, convirtiéndolas en algunos casos en generadores de problemas sanitarios y haciéndolas inviables para la vida y, por ende, para la pesca. La deforestación, incluyendo la que es causada por actividades económicas legales como la ganadería extensiva y el cultivo de algunas especies vegetales para su comercialización, pero, sobre todo, la deforestación que causan la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola (actividades que se desarrollan sin control ni vigilancia por parte de las autoridades y que no están sujetas a rendición de cuentas), son hoy problemas que crecen a un ritmo alarmante y que amenazan especialmente la estabilidad de ecosistemas frágiles como las selvas de la Amazonía y los páramos.

Además, se observa actualmente en Colombia una oleada de conflictos socioambientales en torno a proyectos (tanto en etapas de exploración como en etapas de ejecución y cierre) de gran envergadura, como minas a cielo abierto, plantas hidroeléctricas, modificaciones a los cauces de los ríos, entre otros, que se desarrollan en medio de un ambiente de inseguridad jurídica e hipertrofia normativa que aumentan enormemente los riesgos para los actores involucrados. Muestra de lo anterior es la proliferación de procesos de consulta previa y consulta popular en varios municipios de distintas regiones del país ante proyectos de dicha envergadura. Muchos de ellos terminan en grandes controversias y debates políticos no solo sobre la naturaleza y peso de los derechos a ponderar en cada caso, el papel que tienen las autoridades ambientales y aquellas que otorgan las licencias para operar, y la pertinencia y eficacia de las normas involucradas; sino que incluso han inspirado y alimentado en el debate nacional importantes discusiones en torno al modelo de desarrollo y su sostenibilidad.

En medio de estas controversias, problemas y conflictos, es de vital importancia un mayor y mejor proceso de información e ilustración de la ciudadanía en torno a los temas ambientales en Colombia. Con miras a atender esta necesidad, la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Consejo de Redacción presentamos una guía para el cubrimiento de estos temas pensada y dirigida especialmente a periodistas, comunicadores e influenciadores de distintas regiones del país. Este trabajo ofrece herramientas, información técnica de base, un contexto integral y crítico, y elementos conceptuales de análisis que enriquecerán el ejercicio periodístico de investigación para sus usuarios. Buscamos así contribuir con rigurosidad a los debates medioambientales del orden nacional, regional y local en pro del desarrollo sostenible, el uso adecuado y responsable de los recursos naturales, y la protección de la riqueza que supone la biodiversidad del territorio colombiano. De igual manera, esta guía se pone a disposición de líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés que puedan encontrar en ella herramientas para complementar su trabajo e incidir en procesos de toma de decisión que afecten o impliquen variables medioambientales.

Para la Fundación Konrad Adenauer la promoción de un modelo de desarrollo sostenible y responsable es una prioridad y un eje de trabajo que ha ocupado a nuestros miembros y a varios de nuestros socios y aliados en sus más de 50 años de presencia en Colombia. Con esta guía que hoy ponemos en sus manos, hacemos una invitación a atender los importantes y urgentes retos que enfrenta el país en materia medioambiental, en una apuesta por el periodismo de investigación, de calidad y riguroso. Esta apuesta es solamente posible gracias a la prolífica cooperación con nuestros aliados y amigos de Consejo de Redacción, a cuyo excelente equipo de trabajo en cabeza de su presidenta, Dora Montero, agradezco la coordinación y elaboración de esta guía, y también la relación de confianza y trabajo riguroso que hemos construido a lo largo de los últimos años.